Meses negros en el urbanismo

ERNEST BLASCO Dos factores pudieron hacer pensar que el curso que ahora culmina significaría un cambio sustancial en las prácticas e ideas urbanísticas que han caracterizado la política alicantina, que podemos sintetizar como de predominio de los intereses privados sobre los públicos, de desmesura constructiva y de depredación del territorio sin pensar en consecuencias futuras. Esos factores son: A) El agotamiento del ciclo económico que, poniendo especialmente énfasis en lo inmobiliario, está generando alarmantes cifras de paro entre una población laboral que tiene especialmente difícil su reubicación en el mercado de trabajo, así como el descenso brusco de la demanda de vivienda por los elevados precios y la contracción del crédito. B) El cambio en el Ayuntamiento, con la llegada de una alcaldesa que ha dado muestras abundantes de dinamismo en algunos terrenos, frente al inmovilismo terco de su predecesor. Sin embargo, ambos factores se han mostrado irrelevantes para cambiar el curso de lo peor de la política urbanística e inmobiliaria. Sin duda el primer factor ha provocado que centenares de viviendas proyectadas no se ejecuten y que otras se queden en los cajones de los promotores. Pero este hecho, en sí, no altera el desbarajuste urbanístico sino que lo incrementa con la incertidumbre que genera sobre el diseño global de la ciudad: nadie sensato puede mostrarse contento, sin más, por ese "parón".
Otra cosa, desde luego, es que se estuvieran extrayendo conclusiones racionales de él, que se incorporaran al discurso político. No está siendo así. Al revés: en estos últimos meses asistimos a la consolidación de algunos de los mismos designios que han llevado a la crisis. Dicho de otra manera: no sólo no aparece ninguna idea-fuerza sobre innovación en la economía alicantina para que no sea tan dependiente del urbanismo desaforado, sino que se están dando pasos estratégicos basados en la presunción -que no tiene asidero racional- de que, a la vuelta de la esquina, las cosas serán como fueron, esto es: con altísimas tasas de demanda residencial, incremento sostenido en la demografía, deseo difundido de contraer deudas, etcétera. En ese esquema se inscribe la gestión de Sonia Castedo: agitada y febril en algunos temas, se muestra absolutamente reposada y continuista en lo esencial, en lo que afecta a la economía y, desde luego, al urbanismo. La oposición, por lo demás, parece sentirse cómoda en una especie de letargo de las ideas y de la acción del que sólo sale para formular alguna queja, pero no alternativas. Veamos ejemplos privilegiados de la obstinación en el continuismo del modelo:
1. La desmesura: el Plan Rabassa. Casi todo está dicho -por ahora- del Plan Rabassa. Baste insistir en que la aprobación por la Conselleria sólo puede entenderse como el cumplimiento de acuerdos anteriores que conducirán, a algunos agraciados, a controlar el mayor sector de suelo de Alicante, pudiendo decidir, en el futuro, lo que se hace -en él o en otras zonas-. Nadie puede creer que se vayan a ejecutar, en un tiempo razonable, las previsiones con las que los promotores han levantado -no sin cierta ansiedad- una campaña propagandística que sólo vende elucubraciones, pues ni aun el dibujo se ajusta a lo que pueda ser el diseño definitivo, ni la información prometida es tal -haga la prueba el lector en la web y en el teléfono-. En cuanto a las ofertas de empleo y vivienda bien haría el promotor principal -y la alcaldesa- en explicar por qué no se ha construido ni una de las 1.500 viviendas previstas en el PAU 3 aprobado hace 10 años: si esa es la capacidad de gestión es fácil imaginar lo que va a ser del entorno de Rabassa por lustros. Pero, insistimos: lo importante es cómo se persevera en un modelo de gigantismo derrotado por la coyuntura pero que, reconvertido en su momento, dará pingües beneficios a unos pocos a costa de incrementar los gastos públicos.
2. La consagración del modelo y la crisis del planeamiento: el PGOU. Después de años de espera y promesas nada hay más simbólico que la forma en que se está despachando el proyecto de PGOU. Según se ha podido conocer el mismo, se advierte, como principal dato, el enorme contraste entre las intenciones proclamadas y la realidad, lo que, en conjunto, lo convierte en una inmensa contradicción, que tiene su centro de gravedad en la previsión de un futuro mimético del pasado recibido, lo que se evidencia, en particular, en el crecimiento descomedido del número de viviendas y en el ajuste de la planificación a los intereses privados, como la Condomina. La lógica, pues, es la misma. A ello se añade una despreocupación real por las transformaciones sociológicas que vamos a vivir y, en especial, ante los nuevos requerimientos de la economía. En el plan, sencillamente, no existe una previsión de sus costos, de sus retornos en inversiones, de su incidencia en las condiciones de vida, de su real impacto en la sostenibilidad urbana, etcétera. No es extraño que la alcaldesa comenzara, en una gran ceremonia de la confusión, erigiéndose en pregonera de una supuesta participación -que, en realidad, fue mera propaganda y autobombo- y haya concluido rehuyendo toda muestra real de intervención ciudadana, reduciendo el debate a lo protocolario y a la justificación técnica de lo que exigía cambios radicales. Vamos a tener un mal PGOU dirigiendo (?) nuestro urbanismo para décadas, cuya mayor virtud para sus mantenedores políticos, al parecer, será que se apruebe con más silencio que ruido, como una invitación a que la ciudad permanezca en la somnolencia, requisito para reproducir el modelo.


Firman este artículo, además de Ernest Blasco, por la Plataforma de Iniciativas Ciudadanas Ramiro Muñoz, Manuel Alcaraz, Remedios Amat, José María Asencio, Rafael Bonet, Isidoro Manteca, Rosana Arques, Mario Serra,Pere Miquel Campos, Juan Ángel Conca, Araceli Consuegra, Olga Fuentes, María Luz Díez y Quico Pericás.