D. P. / REDACCIÓN
La titular del juzgado de Instrucción número 3 de Torrevieja ha dictado un auto contra seis miembros de la anterior Corporación de San Miguel de Salinas, de los cuales cuatro (del PP) continúan en esta legislatura -entre ellos el alcalde- al considerar que hay indicios de un delito de prevaricación en la aprobación, el 26 de abril de 2007, de un convenio urbanístico con la mercantil Urbanizadora Villamartín pese a existir "informes en contra tanto de los técnicos municipales como de la secretaria interventora", recoge la resolución.
Según el auto, los técnicos y la fedataria municipal estaban en contra de esta aprobación, y así lo reflejaron en sus informes, porque el sector urbanístico, propiedad de la Urbanizadora Villamartín y que aparecía en el convenio -y conocido como SUS-16 "Entrenaranjos"- tenía que ser previamente desarrollado en el nuevo Plan General de Ordenación Urbana que aún no estaba aprobado. Es decir, los técnicos consideraban que no se podía hacer un convenio si antes no se aprobaba el PGOU que lo permitía. Así, el auto judicial recoge que sin existir aún el Plan General "no hay garantía de que el PAI (Plan de Actuación Integral) se vaya a desarrollar en el futuro", pero además añade que "no ha mediado concurso público ni subasta en la compraventa directa del 10% de obligatoria cesión municipal".
Ilegalidad
El procedimiento se dirige contra el regidor, Ángel Sáez Huertas, y contra los entonces concejales Inmaculada Hernández Valero, Nuria del Rosario Colomina, Juan Román Patiño (los tres del PP y que siguen en esta legislatura), además de Andrés Joaquín Martínez, y Manuel Pérez (que eran independientes y ya no siguen en el Ayuntamiento). Todos ellos, según la magistrada, votaron a favor del citado convenio urbanístico, en su condición de ediles, pese a que "conocían expresamente la tacha de ilegalidad que la secretaria del Ayuntamiento había formulado".
La decisión adoptada por la magistrada Beatriz Escobar Bosch pone fin a la fase de diligencias previas y abre el procedimiento abreviado, algo que la legislación sólo ve preceptivo para el caso de que la instructora vea indicios de delito tras la práctica de la prueba (declaraciones, documentos,...).
La magistrada ha dado un plazo de diez días a las partes: las defensas, la Fiscalía y la Asociación de Vecinos San Miguel Arcángel que ejerce la acusación particular, para que soliciten la apertura de juicio oral contra los imputados o bien soliciten el sobreseimiento de las actuaciones. El delito conlleva penas de prisión de hasta 9 años por lo cual de llegar el procedimiento a juicio éste tendría que abrirse ante la Audiencia, en Elche.
Archivo previo
Se da la circunstancia de que este asunto se archivó durante sus inicios y fue reabierto por recursos. El sobreseimiento judicial se acordó con base a que dicho convenio no se había llegado a ejecutar, por lo cual se entendía que el delito como tal no se había perpetrado. La Fiscalía entendía que sí, concretamente el día que votaron en el pleno a favor del convenio a sabiendas de los informes técnicos negativos y que ésto es independiente de que se llegue a ejecutar el mismo.
El pacto que iba a llevar agua potable a 3.000 vecinos
El Ayuntamiento de San Miguel de Salinas justificó el polémico convenio con la promotora en que resolvería el grave problema de suministro de agua potable que arrastran más de 3.000 vecinos de la urbanización Blue Lagoon, que tienen prohibido desde hace cinco años el consumo del agua que reciben de pozos contaminada con nitratos. La mercantil adelantaba 3 millones de euros al Ayuntamiento para la ejecución de la tubería que iba a resolver el problema de Blue Lagoon a cuenta de la cesión municipal del 10% del plan urbanístico de la promotora que ni se contemplaba en el Plan General. El promotor aprovechaba esa tubería para dotar a las viviendas que iba a promover en un futuro y, con el adelanto económico, condicionaba a su favor el visto bueno municipal a la urbanización.
