MERCEDES GALLEGO
un acuerdo unánime de los cinco magistrados de la sala que se comunicará a las partes en breve, ha conseguido de entrada un doble objetivo: despejar la incógnita en una novedosa y complicada ecuación judicial en la que se barajaban hasta tres tribunales sin que nadie tenga claro, sin matices, de cuál es la competencia y, en paralelo y pese a lo que supone la decisión, permitir un respiro al PP, cuyos dirigentes no han tenido reparo en manifestar en privado su preferencia porque el asunto se resolviera en casa. Aquí Camps es el presidente de la Generalitat, el mismo que mantiene relaciones que van más allá de la amistad con su homólogo en el TSJ, Juan Luis de la Rúa, y el que dota de personal y medios a todos los órganos judiciales de la Comunidad -incluido, de producirse, en el que declararía como imputado- mientras que para los magistrados del Tribunal Supremo el jefe del Consell no dejaría de ser un presidente autonómico más. Y eso pesa menos.
Con todo, la asunción del caso por el TSJ no es el único motivo de tranquilidad para los populares aún cuando Camps ostente el dudoso honor del ser el primer presidente de la Comunidad al que va investigar un tribunal. A su sosiego contribuye sin duda el que en la abundante documentación enviada por el magistrado de la Audiencia Nacional no existan pruebas que permitan relacionar el pago por parte de Correa de los trajes para Camps y Costa -cuyo importe total alcanza los 20.000 euros y de los que ninguno de los implicados ha aportado hasta el momento factura alguna- con las actividades de las mercantiles del empresario encarcelado, según mantiene la Fiscalía Anticorrupción. Una relación difícil de probar pese la existencia de contratos millonarios con las empresas de Correa por parte tanto de la Generalitat como del PP.
De no aparecer nuevas pruebas, el convencimiento de las dificultades para armar una acusación contra los dirigentes populares por estos hechos es tal que la hipótesis de que el instructor del caso, el magistrado José Flors casi con toda seguridad, ni siquiera cite a declarar a los imputados es tan probable como que, aún haciéndolo, la causa se acabe archivando sin mucha demora. Sin relaciones de contraprestación probadas no sería la primera vez que un tribunal interpreta las dádivas a los políticos como una costumbre social aunque existan notables diferencias entre la indumentaria que recibieron Camps y Costa y un presente navideño.
Pero aún zanjándose el caso negando la existencia de delito -una decisión no recurrible más allá del propio TSJ con lo que ninguna instancia superior puede revisarla y, por tanto, revocarla- aún así, digo, es innegable el coste que el affaire de los trajes está teniendo para la imagen de un presidente que se ha vendido como austero y del que ahora se sabe que un sastre acude a tomarle medidas al Ritz de unos trajes que no ha aclarado cómo paga.
El traspiés, además, ha pillado a Camps mal pertrechado: con un conseller de Gobernación, Serafín Castellano, al que el jefe del Consell, con su indumentaria, ha tapado su propio escándalo y al que nadie le augura demasiado tiempo en el Ejecutivo; con un responsable de Educación, Font de Mora, quemado en la pira de Educación para la Ciudadanía que le obligó a prender el propio Camps, con menos feeling con docentes, padres y sindicatos que Bermejo con los jueces y al que no le importaría dejar de estar donde está; y con demasiados pesos ligeros en carteras de la importancia de Industria, Justicia e incluso Cultura. Unas lagunas que el presidente de la Generalitat estaría pensando en cubrir una vez tenga en sus manos el salvoconducto del TSJ dando cerrojazo a la investigación iniciada por Garzón. Una decisión que, a poco que se demore, coincidirá en el tiempo con el proceso de renovación de la presidencia del TSJ a la que volverá a concurrir De la Rúa, aunque a estas alturas sean ya pocos los que apuestan por que, pese a todo el amor que por él pueda sentir Camps, vaya a contar con los apoyos suficientes para seguir al frente del máximo órgano judicial de la Comunidad. o
