F. ARABÍ
En ese procedimiento aparecieron, cinco años antes de que se desatara la operación Gürtel, dos de las empresas inmersas en ese causa -Orange Market y Easy Concept Comunication- y una de las firmas que supuestamente está en el epicentro del cruce de facturas falsas. En los consejos de esas dos sociedades se han sentado u ocupan ahora cargo hasta 12 imputados de la lista de 37 que el juez Baltasar Garzón hizo pública en un auto.
El administrador único de las tres empresas, Luis de Miguel Pérez, está imputado en la causa. Junto a Crespo y, especialmente, a Ramón Blanco Balín, está considerado uno de los expertos fiscales que asesoraban al conglomerado montado por Correa, según la investigación. Blanco Balín fue consejero de Orange hasta días después de estallar el escándalo, cuando fue sustituido por Nuria Pérez Alonso, hermana del presidente de la empresa, Álvaro Pérez, "el bigotes". Fue detenido tres días después de que la policía registró su empresa y puesto en libertad con obligación de comparecer semanalmente.
Cuando se adjudicó el contrato, Mónica Magariños era apoderada de Orange -desde hacía cuatro días- y consejera de Easy Concept. Compartía dirección con Isabel Jordán Goncet, pieza clave en todo este entramado. Es la persona que, en el contexto de una grabación en la que se hablaba de falsificación de facturas en tiendas de ropa, aludió a "una factura de 30.000 euros" y al presidente Francisco Camps. En su declaración ante el juez Garzón sostuvo, no obstante, que ella estaba ironizando: "Sólo me faltaba hacer ahora un apunte de 30.000 euros por los trajes de Camps".
Según ha manifestado, el citado Crespo era, junto a Javier Nombela, uno de los encargados de la contabilidad de Easy Concept al menos hasta 2006. Nombela, que fue directivo de esta empresa hasta el 27 de julio de 2004, fue dirigente de Nuevas Generaciones y está siendo investigado por el juez Garzón por su presunta participación en las facturas falsas.