FRANCESC ARABÍ
La empresa Orange Market, contratista de referencia del PP valenciano y pieza clave en la tela de araña de presunta corrupción que tejió Correa, encontró en sus primeros pasos en el mercado la misma buena acogida en la Generalitat que la que tenía en el partido que la gobierna. La firma que hoy preside Álvaro Pérez y a la que entonces ya estaba ligado laboralmente, logró en noviembre de 2004 un contrato a dedo de la empresa Valenciana de Aprovechamiento Energético de Residuos (Vaersa), una sociedad 100% pública presidida entonces por Rafael Blasco, por su cargo de conseller de Territori, departamento del que depende la firma.
Juan Miguel Bellver era gerente de la empresa que adjudicó por 138.678 euros una campaña de comunicación y sensibilización sobre el correcto uso del contenedor amarillo. Pese a que la Ley de Contratos de la Administración Pública (LCAP) y la propia normativa interna de esta empresa obligan a respetar los principios de publicidad y concurrencia de ofertas en el proceso, por la cuantía de ese contrato (disposición adicional sexta del Texto Refundido de esa ley), en este caso se saltaron todos los preceptos al optar por el llamado procedimiento negociado sin publicidad. La necesaria concurrencia de ofertas fue muy "sui generis".
Porque la preceptiva invitación a tres empresas del sector para que presentaran propuestas fue técnicamente un paripé. Además de Orange Market, se pidió presupuesto a Boomerangdrive S. L. y a Down Town Consulting.
El administrador único de la primera era Luis de Miguel Pérez. El de la segunda, también. ¿Y quién gestionaba la tercera? Pues el mismo. En el caso de Orange Market, el gerente era también cofundador de la sociedad -en escritura otorgada el 24 de julio de 2003- y prácticamente dueño único, al haber suscrito 3.005 acciones. Todas menos una, que se la quedó, por un euro, Pablo Crespo, quien ahora duerme en prisión.
Down Town Consulting no es otra cosa que el anterior nombre de Easy Concept Comunication. De Miguel, especialista en fiscalidad considerado como uno de los cerebros del entramado societario que ahora se investiga, administraba esta empresa desde hacía seis meses, según documentación mercantil a la que ha tenido acceso este diario. Las propuestas económicas recabadas ni siquiera fueron validadas en el registro de entrada. Tampoco constan en el expediente del procedimiento, lo que abunda en las irregularidades de esta adjudicación.
Y ahí no acaban las anomalías de una contrata que, en la lectura más laxa y amable de la normativa para el Consell, debería haber sido negociado con publicidad, según expertos consultados. Sin embargo, no hubo ninguna licitación publicada en el DOCV, como obliga el propio reglamento de la entidad pública.
La única razón esgrimida fue
la experiencia
Orange Market fue la agraciada con el contrato de 138.678 euros porque era la empresa con más experiencia en este tipo de trabajos. Sin embargo, la firma sólo llevaba un año y pocos meses funcionando, por lo que tampoco en este aspecto se fue muy escrupuloso en el cumplimiento del único de los criterios que parece que se aplicó. Orange se constituyó en julio de 2003. Se da la circunstancia de que una de las otras dos, Boomerangdrive, nació antes: el 8 de octubre de 2002 en Madrid. En todo caso, las tres eran controladas por la misma persona y, al menos dos, estaban en la órbita de Correa. La experiencia de Orange era muy amplia si se le reconocía, eso sí, como heredera de Special Events, la empresa con la que Correa trabajó en Valencia hasta 2003.