La lista de espera para cumplir los trabajos sociales llega a 1.700 condenas

JOSÉ ANTONIO MARTÍNEZ Hasta 1.701 son las sentencias a trabajos en beneficio de la comunidad que Instituciones Penitenciarias tiene en lista de espera pendientes de ejecutar, según fuentes judiciales. Los datos fueron hechos públicos ayer durante la firma del convenio entre la Audiencia, el juzgado de Vigilancia Penitenciaria y la Clínica Mediterránea de Neurociencias para que condenados por delitos de tráfico cumplan la pena de trabajos sociales ayudando a pacientes que han sido víctimas de siniestros. Este convenio supondrá la creación de treinta plazas más. En opinión del presidente de la Audiencia, Vicente Magro, cuando se añadan las plazas reclamadas a ayuntamientos se va a disminuir aún más.
En los dos últimos años se han cumplido 413 penas de trabajos comunitarios en la provincia y hay 232 en ejecución ahora mismo. Gran parte de estos condenados están siendo absorbidos por los servicios sociales penitenciarios. En 2007, 21 personas hicieron estas labores en centros penitenciarios; este año, la cifra ha pasado a 84 y hay 115 personas ejecutándolas en la actualidad, más 139 a la espera de hacer la prestación el año que viene. Los sindicatos de prisiones han denunciado que estas penas se estaban cumpliendo prácticamente sin hacer nada.
En los ayuntamientos, en 2008 se han hecho 146 de estos trabajos y hay 111 en cumplimiento ahora mismo. Para el año que viene hay una lista de espera de 1.545 en las corporaciones municipales. Tanto el presidente de la Audiencia, Vicente Magro, como la juez de Vigilancia Penitenciaria, Montserrat Navarro, señalaron ayer que no tienen constancia de que estas penas estén prescribiendo, dado los esfuerzos que se están haciendo desde Instituciones Penitenciarias. Magro recordó que se ha enviado una propuesta a los 75 jefes de policía local de la provincia para que estos condenados puedan cumplir la prestación ayudando con los atestados y en controles de alcoholemia.
Para Montserrat Navarro, es importante que las penas de trabajos en beneficio de la comunidad estén relacionadas con el delito que se ha cometido. "Podar un seto no reeduca a un conductor ebrio", señaló, por lo que valoró positivamente el acuerdo que se firma con esta clínica privada. "Van a tener la ocasión de enfrentarse de primera mano a las consecuencias de las imprudencias al volante", explicó. La magistrada argumentó que habrá una selección previa de las personas que se remitan a la clínica, "sabiendo que son personas que tienen algo que aportar y no van a alterar el funcionamiento normal del centro".

Otra pena en entredicho

Si los jueces estaban encontrando lagunas legales para aplicar las condenas a trabajos en beneficio de la comunidad, ahora se ha detectado una nueva laguna en otra de las penas alternativas de la reforma del Código Penal: la localización permanente. La Audiencia ha revocado la condena a esta pena a un hombre que no la cumplió, porque el juzgado no había elaborado un calendario sobre el plan de ejecución de la misma. Magro pidió ayer un reglamento que desarrolle soluciones para todas estas lagunas legales, aunque señaló que él era partidario de suprimir las penas de localización permanente para sustituirla por los trabajos en beneficio de la comunidad.