La Federación Valenciana de Municipios y Provincias ha aprobado una ordenanza marco que persigue la prostitución, la mendicidad, la actividad de los gorrillas o cualquier actividad que perturbe la tranquilidad de los vecinos. La norma, que puede asumir cualquier ayuntamiento de la Comunitat Valenciana, es muy restrictiva y prevé imponer sanciones de hasta 3.000 euros por mantener relaciones sexuales en un coche dentro de la ciudad o de 400 euros a las personas que compren películas y discos pirateados en la calle. El soporte legislativo se llama Ordenanza de Protección del Espacio Público, ha sido aprobado por unanimidad de los representantes municipales en la federación y responde a la petición de los ayuntamientos que no saben cómo atajar problemas como los grafitis o el vandalismo. La ordenanza precisa una serie de sanciones y permite llevar ante el juez a los autores insolventes por desobediencia
La normativa prohíbe expresamente la mendicidad y establece la posibilidad de incautar a los indigentes el dinero que consigan. El texto establece que los agentes primero advertirán a los mendigos y si persisten los denunciarán por desobediencia. El documento advierte de que practicar la mendicidad con menores puede ser sancionado con multas de entre 1.500 y 3.000 euros, ofrecer pañuelos en la calle conlleva una sanción de hasta 150 euros o limpiar parabrisas está castigado con hasta 400 euros. El protocolo puntualiza que los ayuntamientos trabajarán para erradicar la mendicidad «a través de la inclusión social». Los indigentes que acosen a los ciudadanos serán multados con 150 euros.
Dormir de día o de noche en espacios públicos está sancionado con hasta 400 euros. Tampoco se podrán utilizar los bancos para dormir ni lavarse en fuentes públicas.
El texto trata de acabar con la prostitución en la calle y persigue por igual a prostitutas y clientes. El marco legal diferencia entre la práctica del sexo a menos de 200 metros de viviendas, colegios y centros de trabajo, y el realizado fuera de los núcleos urbanos. En el primer caso los clientes y meretrices se enfrenta a sanciones de entre 1.500 y 3.000 euros por una infracción grave, y en el segundo a multas de entre 750 y 3.000 por una leve. Además, si las profesionales del sexo continúan en la zona podrán ser puestas a disposición judicial por desobediencia. El documento advierte de que cualquier persona que mantenga relaciones sexuales en un vehículo en la calle, sin que medie dinero, también puede ser castigado con 3.000 euros.
El documento persigue el botellón y establece zonas de especial protección como los parques, jardines y plazas. Las sanciones por consumir alcohol en la calle pueden ser de hasta 3.000 euros. El protocolo apunta que los padres serán los responsables de los actos de sus hijos cuando sean menores y por tanto tendrán que hacer frente a la sanción. El texto también articula castigos por los abusos de los casales falleros o cualquier otro tipo de asociación festiva que cause molestias a los vecinos.
La ordenanza prohíbe asimismo la venta y compra de alimentos, bebidas y otros productos (como las falsificaciones). El documento regula multas de hasta 400 euros para vendedores y compradores.
