F. ARABÍ, VALENCIA
A las ocho en punto, el letrado José Luis Vera recibió una llamada del inspector de policía para informarle de la indumentaria de los dos agentes de paisano. Todo iba conforme al dispositivo planeado la noche anterior. Media hora después, Vera fue recibido, a pie de taxi y en la puerta del hotel, por quien se presentó como Alberto S. P., secretario de Raúl B., según la denuncia. Vera se sentó a solas con Raúl B. en la cafetería, mientras los agentes merodeaban por el lugar.
El supuesto empresario dijo ser administrador de Infraestructuras y Gestión SGE, una sociedad matriz de otras como Maule S. L., Vicario S. L. o Fave S. L. Según explicación ofrecida por el falso empresario, a tenor de los hechos denunciados, todas eran empresas de su padre (de Raúl) ya fallecido. Mientras la grabadora en formato de agenda -según descubrió después la policía- iba registrando la conversación, el supuesto cliente explicó que sus empresas, dedicadas a la fabricación de maquinaria de serigrafía, facturaban unos 7.100 millones (no precisó si euros o pesetas) y exportaban a Argelia y a Milán a través del Puerto de Valencia, lo cual explicaba el interés por trasladar las instalaciones de Ciudad Real, donde decía tener 250 empleados, a la capital de Turia.
Desacreditar hasta en el caso IVEX
De hecho, precisó que ya tienen un almacén en el Puerto y dos naves en Gandia. Los planes anunciados a Vera para justificar su interés por contratarlo eran abrir en enero la sede de Valencia con una plantilla de 85 trabajadores en su primera fase. Tan detallada era la trama supuestamente inventada para el presunto montaje contra el abogado de la acusación del caso Fabra, que el inesperado industrial llegó a lamentar que han tenido que prejubilar a 23 trabajadores de los que ya estaban en la empresa cuando su padre estaba al mando, lo cual, quieras que no, tiene su carga sentimental. El caso es que por los servicios de asesoramiento integral -laboral, mercantil, civil y fiscal- se le habló de unos honorarios superiores a 22 millones de pesetas mensuales, que es lo que, dijo, estaban pagando a su asesor en Ciudad Real. Dijo que en la delegación de Valencia «se incrementarían sustancialmente», según la denuncia. Para cerrar el trato vendría el jueves a Valencia el director general de la empresa, Héctor M.
Mientras iba fluyendo la historia, Raúl B. intercalaba comentarios que, según fuentes de la investigación, eran señuelos para buscar complicidades con Vera e inducirle a hacer comentarios que pudieran ser usados para desacreditar su actuación como abogado en el caso Fabra o en el caso Julio Iglesias-IVEX, donde el despacho en el que trabaja Vera representa al PSPV, que ejerce la acusación.
Por ejemplo, Raúl B. dijo ser «militante del PSOE». Vera replicó que él no y preguntó a qué venía el comentario. Su interlocutor aclaró que temía que el Consell, que le da ba«asco», le pondrá trabas a su implantación en Valencia, según consta en la denuncia. En ese pasaje preguntó al letrado si conocía a alguien en Aduanas. Vera repitió varias veces que no. Acto seguido, Raúl B. explicó que el nombre de Vera le había sido recomendado por un letrado del PSOE en Ferraz y por un periodista de Madrid, que ha escrito informaciones del caso Fabra y que ni siquiera conoce al tal Raúl B. Pasadas las nueve de la mañana, justo después de hablar de los honorarios que ofrecía, el supuesto empresario serigráfico dijo a Vera que le había traído un «detalle» para su esposa. Entonces sacó una bolsa de fieltro blanca, de la que extrajo una caja roja. Era un anillo de oro blanco con supuestos diamantes engarzados que formaban un rosetón, según la denuncia. En ese momento, Vera recibió la llamada al móvil de uno de los agentes, que le conminó a reunirse con él en los lavabos. El letrado se excusó en que iba al baño y allí informó de lo ocurrido para pasmo del inspector.
«Es hora de encarcelar a Fabra»
A la vuelta, Raúl B. siguió poniendo anzuelos en busca de complicidad. «Ya es hora de que metamos en la cárcel a Fabra, que es un impresentable», comentó sin venir a cuento. El letrado dijo que el sigilo profesional le impedía hablar del asunto. Después, Rául B. le recordó su intervención en el Caiga quien Caiga...Y después preguntó por la relación del despacho con los medios de comunicación y hasta preguntó por Vicente Vilar, el industrial de Artana que acusó a Fabra de robarle patentes. Hasta habló de Marina d´Or, según la denuncia. La policía intervino entonces y se llevó a quienes se identificaron con un carné de prensa de Intereconomía.
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