La magistrada del Juzgado de Instrucción número 8 de València, que investiga la «Operación Erial» que ha llevado a la detención e ingreso en prisión del expresidente de la Generalitat, Eduardo Zaplana por los presuntos delitos de blanqueo de capitales, malversación y prevaricación, rechazó ayer la petición del también exministro de Trabajo de quedar en libertad por razones humanitarias o, subsidiariamente, de pasar a arresto domiciliario.
La defensa del exministro y expresidente Eduardo Zaplana había presentado un recurso de reforma contra el auto de prisión de la jueza, en el que alegaba que la medida era «innecesaria y desproporcionada» y sostenía que no existía «ningún riesgo objetivo de destrucción de pruebas» ni de fuga, tanto por el «arraigo personal y familiar» del exdirigente popular como por la «grave enfermedad» que padece desde hace tres años y que requiere cuidados «continuos y periódicos».
Para las razones humanitarias se basaba la defensa en dos informes médicos, uno de ellos forense, en los que se apuntaban que Zaplana presenta un grave riesgo de sufrir «infecciones oportunistas» dado el «cuadro profundo de inmunosupresión» que padece el exministro, según confirmaron fuentes jurídicas. Sin embargo, la jueza, según una información de la cadena SER confirmadas por las agencias de noticias, han rechazado el recurso con el argumento de que «quien comete presuntamente un delito debe asumir las consecuencias de sus actos siendo él el único responsable» y porque que las vigilancias a las que se ha sometido a Eduardo Zaplana desde el año 2015 -cuando comenzó la investigación- reflejan una vida «muy activa», sin haber hecho uso de mascarillas.
Además, apunta que Zaplana ha solicitado el uso del gimnasio de la cárcel valenciana de Picassent en la que se encuentra, lo que, a juicio de la magistrada, «evidencia que se encuentra en perfecto estado independientemente de la enfermedad que padece», de acuerdo con la informacion de la citada cadena de radio.
La Fiscalía Anticorrupción ya se opuso el pasado viernes a la petición de libertad solicitada por la defensa jurídica del expresidente Eduardo Zaplana, en prisión desde el pasado 24 de mayo, al considerar que existe riesgo de fuga y posibilidad de destrucción de pruebas. La defensa justificaba esta petición por el estado de «grave enfermedad» (leucemia) de Eduardo Zaplana, que en 2015 fue sometido a un trasplante de médula después de que se le diagnosticara la mencionada patología.
La Generalitat ya ha anunciado que se personará en el conocido como «caso Erial» y ha autorizado a la Abogacía General las acciones que puedan derivarse de las investigaciones que se están llevando a cabo. Para el Consell, se considera «más que conveniente» que los representantes procesales de la Generalitat sean parte en el proceso y «busquen el máximo resarcimiento posible para la administración autonómica».
En el caso Erial se investiga el presunto cobro de comisiones derivadas de la concesión de las Inspecciones Técnicas de Vehículos (ITV), realizadas en 1997 durante la gestión de Zaplana al frente de la Generalitat, y del Plan Eólico de la Comunitat Valenciana, puesto en marcha en 2003.
