Un abanico de diez delitos y el presunto cobro de 6,4 millones de euros en mordidas solo de la familia Cotino son las razones que han llevado a Eduardo Zaplana a convertirse en nuevo residente del centro penitenciario de Picassent, desde la madrugada del viernes, según el auto de prisión decretado por el juzgado de Instrucción 8 de València, tras solicitar la medida carcelaria la Fiscalía Anticorrupción, y entregado a la defensa del expresidente de la Generalitat.
Aunque el auto es parco en detalles, para no desvelar la investigación que sigue bajo secreto del sumario para las partes, sí da pinceladas de la presunta red internacional creada por el exjefe del Consell para ocultar las presuntas comisiones cobradas durante su etapa al frente de la Generalitat.
Zaplana habría cobrado 6,4 millones de euros de la familia Cotino a través de la empresa Imison International SA, con sede en Luxemburgo y que ya está liquidada, según ha podido saber este periódico. Este dinero podría proceder, presuntamente, del cobro de comisiones por la adjudicación de las concesiones de las Inspecciones técnicas de vehiculos (ITV) en 1997 y del plan eólico valenciano (2002). Contrataciones en las que las empresas familiares de los Cotino obtuvieron un jugoso trozo del pastel. Curiosamente, los dos hermanos Cotino Escrivá, Vicente y José, quedaron en libertad tras declarar ante la jueza y el Fiscal Anticorrupción, a pesar de ser los presuntos corruptores que pagaron los 6,4 millones en mordidas al expresidente de la Generalitat, según adelantó ayer «El Mundo». Juan Cotino sólo ha sido citado a declarar ante la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y en breve será convocado por la jueza de Instrucción 8 y el Fiscal Anticorrupción.
Los investigadores sospechan que tras permanecer los 6,4 millones de euros de las mordidas en el pequeño país centroeuropeo (considerado un paraíso fiscal hasta 2015) Zaplana habría «repatriado» su fortuna opaca a través de la estructura empresarial creada junto a su amigo de la infancia y compañero de la Peña Picarol, Joaquín Barceló Llorens.
El auto de la jueza de Instrucción 8 desvela que las mercantiles Turnis Sylvatica, Medlevante y Gesdesarrollos Integrales, dos de ellas administradas por Barceló Llorens, habrían sido utilizadas presuntamente para blanquear los 6,4 millones de dinero negro acumulados en Luxemburgo por Zaplana.
Gesdesarrollos Integrales SL se creó el 10 de abril de 2006 en Alicante para la «promoción inmobiliaria y la construcción» y ha estado administrada por Joaquín Barceló y Maria de la Paloma Domínguez Pérez. Ésta última es administradora única de Turnis Sylvatica SL, creada en 2005 en Alicante, y dedicada a los «Servicios financieros, excepto seguros y fondos de pensiones», según el Registro Mercantil.
Por último, Medlevante SL también se creó el año 2005 en Benidorm, la ciudad de la que fue alcalde Zaplana y que le sirvió de catapulta a la política regional y nacional. Medlevante SL se dedica a «la compraventa de bienes inmobiliarios», según la declaración oficial del registro.
Por todos estos hechos, los investigadores imputan a Eduardo Zaplana y su círculo más íntimo, además de los miembros de la familia Cotino de un total de diez delitos. La Jueza de Instrucción 8 y el Fiscal Anticorrupción los consideran presuntos autores de los delitos de cohecho, prevaricación, malversación, blanqueo de capitales, tráfico de influencias, fraude en la contratación, delito fiscal, falsedad documental y de formar una asociación ilícita y un grupo criminal organizado para delinquir, según el auto de prisión de Zaplana.
Aunque su comparecencia del jueves ante la jueza, el exministro de Trabajo se acogió a su derecho a no declarar, su abogado Santiago Milans del Bosch sí negó cualquier relación con estas mercantiles, así como los hechos delictivos imputados a Zaplana.
Declaración exculpatoria de Grau
Una negación de los hechos que intentó apuntalar el asesor fiscal de Zaplana, Francisco Grau Jornet, quien declaró que el expresidente de la Generalitat no tenía ninguna relación con las empreseas antes citadas ni con los hechos que han querido desvelar los investigadores. Unos argumentos que no convencieron ni al Fiscal Anticorrupción, que solicitó la pena de prisión tanto para el exministro como para sus dos más estrechos colaboradores -Joaquín Barceló (presunto testaferro) y Francisco Grau (asesor fiscal)- ni tampoco a la magistrada del Juzgado de Instrucción 8, que decretó el ingreso en prisión de los tres.
Entre las razones para rechazar la puesta en libertad de los tres pesó la gravedad de los delitos de los que se acusa a los investigados en la operación Erial (como la UCO bautizó el caso). También el riesgo de fuga, acrecentado por la sospecha de la existencia de un abultado patrimonio en el extranjero, y la posibilidad de destrucción de pruebas.
Primer recurso del exministro
La defensa del exministro ya ha recurrido el auto de prisión del Juzgado de Instrucción número 8 de València tras su detención en la operación Erial al considerar la medida «innecesaria y desproporcionada» y que no existe «ningún riesgo objetivo de destrucción de pruebas».
También rechaza el riesgo de fuga tanto por el «arraigo personal y familiar» del exdirigente popular como por la «grave enfermedad» que padece desde 2015, según informa Europa Press.
Los abogados entienden que «tras tres años de instrucción judicial en secreto y con la única intervención de la UCO -Unidad Central Operativa de la Guardia Civil- y la Fiscalía Anticorrupción, no existe ningún riesgo objetivo de destrucción de pruebas, máxime cuando se ha procedido a realizar entradas y registros en los domicilios y oficinas, llevándose móviles, dispositivos informáticos, portátiles e ingente documentación».
Así mismo, rechazan que haya riesgo de fuga, «debido al arraigo personal y familiar y, sobre todo, a su grave enfermedad, que requiere cuidados continuos y periódicos». Estas razones llevan a los abogados a considerar la prisión provisional y sin fianza «desproporcionada y lesiva a los derechos del ser humano, de quien no es un condenado». «La prisión provisional no puede suponer un anticipo de una hipotética pena», subrayan, y añaden que «en el peor de los casos es factible porque lo prevé la ley, que tal privación provisional de libertad pueda ser el arresto domiciliario, en casa de una hija suya, cerca del hospital, donde vivía».
Por último, Rosa Barceló, mujer del expresidente de la Generalitat y la que fuera su secretaria, también declararán como investigadas a partir de la próxima semana ante la jueza y el Fiscal Anticorrupción del caso Erial, aunque aún no se ha acordado la fecha.
