El primer plan de privatizaciones de concesiones públicas gestionadas por la Generalitat de Eduardo Zaplana recayó sobre las plantas de Inspección Técnicas de Vehículos (ITV) de la Comunitat Valenciana, un suculento negocio por el que las arcas públicas ingresaron 6.157 millones de pesetas (unos 37 millones de euros) a finales de 1997.
El otrora presidente de la Comisión de Racionalización del Sector Público Valenciano Juan Francisco García -exjefe de gabinete de Zaplana y detenido en la Operación Erial- fue el encargado de controlar en una reunión celebrada en agosto de aquel año la apertura de plicas de los diez grupos empresariales que aspiraban a la adjudicación de las ITV agrupadas en cinco lotes, cuyas ofertas económicas superaron en algunos casos un 30% el canon inicial establecido en este concurso público.
Allí estaban patronos valencianos y las extintas grandes cajas de ahorro valencianas Bancaja y Caja del Mediterráneo (CAM) a través de distintas sociedades participadas directa o indirectamente. Las concesiones se firmaron por un plazo de 25 años, estableciendo el pliego de condiciones la posibilidad de prórrogas sucesivas por períodos de diez años y hasta un máximo de 75. Además del canon pagado, las empresas adjudicatarias se comprometieron a pagar al Consell 308 pesetas (1,8 euros) por vehículo revisado en sus instalaciones.
Patronos afortunados
Algunos grandes empresarios, a través de participaciones directas o indirectas, fueron los afortunados de este pastel económico del Consell, culminado el 6 de noviembre de 1997, y por el que la Conselleria de Presidencia aseguraba entonces que «los ciudadanos se verán beneficiados a través de la mejora del servicio».
La Mesa de Adjudicación controlada por Juan Francisco García dejó el primer lote (las estaciones del norte de la Comunitat Valenciana), adjudicado por 968,9 millones de pesetas (5,8 millones de euros), a la unión temporal de empresas formada por Servicio Excavaciones (grupo Sedesa, de la familia Cotino), Levantina de Obras y Edificaciones ITV.
El lote 2 (Horta Nord y València) se adjudicó por 1.148,1 millones de pesetas (7 millones de euros) a la UTE Atisae, Cecam, Técnicas Medioambientales y Juan Vicente Ortí. Empresas vinculadas entonces a Luis Batalla y José Lladró y al Grupo Bancaja.
El tercero, que agrupaba las estaciones de València Sur, fue adjudicada por un importe de 1.382,3 millones de pesetas (8,3 millones de euros) a la UTE compuesta por General de Servicios ITV, Aguas de València (AVSA) y Aragonesa de Servicios ITV.
El cuarto lote, que aglutinó instalaciones de Gandia, Ontinyent, Alzira, Alcoi y una ITV móvil, fue a parar por 1.358,8 millones de pesetas (8,1 millones de euros) a Aseguramiento Técnico de Calidad. Una mercantil vinculada indirectamente, entonces, con los empresarios Gregorio Martínez Tolosa, Javier Cotanda, Antonio Figuerola Martorell y Silvia Folch, entre otros.
Constructoras
El quinto y último lote de estas concesiones, que abarcaba la estaciones de Alicante, Elx y Benidorm, fue adjudicada a la UTE de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), Gesfesa Valencia, Pavasal Empresa Constructora, Mayve Obra Civil Benidorm, Supervisión y Control por 1.298,7 millones de pesetas (7,7 millones de euros). Empresas relacionadas con las familias Ferrando (Rafael Ferrando fue presidente de la Confederación Empresarial Valenciana) y Quesada estaban este grupo societario.
Entre las doce sociedades que optaban a la privatización de las ITV -aunque finalmente no fueron seleccionadas por la Generalitat- también figuraban gigantes de la construcción y los servicios como Dragados, en cuya ute participaba Inmobiliaria Guadalmedina (Grupo Ballester), entre otras firmas. Quien se descolgó a última ahora de participar en el pastel de las ITV fue el empresario Juan Lladró, cofundador de la conocida compañía de cerámica decorativa con fábrica en Tavernes Blanques.
Acuerdo con los sindicatos
Mientras tanto, Itevelesa, una de las grandes compañías del negocio de las ITV en España durante la década de los noventa, que acudía asociada a Vainmosa (del Grupo Bancaja) se quedó fuera de un concurso gestado durante los primeros dos años de la legislatura de Eduardo Zaplana al frente de la Generalitat. Un negocio cautivo porque la inspección técnica es obligatoria para todos los vehículos a partir de los cuatro años de actividad.
El expresidente del Consell logró el visto bueno de los cuatro sindicatos representados en el Sepiva (UGT, CC OO, CGT y CSIF) tras pactar las condiciones laborales de la plantilla.
