Son tantos y tan variados los casos de corrupción que han afectado en estos años a cargos del PP que empieza a resultar complicado reproducirlos todos. La detención del expresidente de la Generalitat Eduardo Zaplana por presuntamente haber cobrado diez millones de euros en comisiones ilegales es, de momento, la traca final de un sinfín de casos judiciales que tienen en cargos del PP su denominador común.

De momento tres expresidentes de la Generalitat, todos los que ha tenido el Partido Popular menos Alberto Fabra, han sido detenidos, imputados o condenados por casos ligados con la corrupción. A Zaplana, primer presidente popular del Consell (1995-2002) detenido ayer, se une la triple imputación que arrastra Francisco Camps (2003-2011) a quien el de Cartagena designó sucesor, por el diseño y construcción del circuito de Fórmula 1, la empresa Valmor y la visita del papa.

A la lista de presidentes con problemas judiciales hay que sumar a José Luis Olivas (2002-2003) condenado por falsificación de facturas y que también está imputado en la Audiencia Nacional por presuntas irregularidades por su gestión al frente de dos entidades que presidió, Bancaja y Banco de Valencia, que provocaron un agujero multimillonario. Un escalón por debajo también hay varios exvicepresidentes de la Generalitat imputados. Uno de ellos es Vicente Rambla, investigado en la causa de la financiación ilegal del PP valenciano y en la que el que el exnúmero dos del partido, Ricardo Costa, confesó el pasado mes de enero que esa financiación que se juzga, existió.

También lo hicieron antes empresarios que pagaron actos del PP. El juicio ha quedado visto para sentencia, pero aún no se conocen las condenas.

Otro exvicepresidente con problemas judiciales es Juan Cotino, que fue número dos del gobierno de Camps. El que fuera director general de la Policía con Aznar está investigado por su actuación en la visita del papa a València en 2006, una causa que también afecta a Francisco Camps.

Cotino, cuyo sobrino Vicente fue detenido ayer en la misma redada que Zaplana, también fue presidente de las Corts. Precisamente su antecesora al frente del Parlamento valenciano, Milagrosa Martínez, acaba de ser condenada a nueve años de cárcel por amañar contratos en la feria de Turismo Fitur, en la primera condena firme de Gürtel.

Precisamente Gürtel empezó a reescribir la historia del PP en la Comunitat Valenciana. Nada fue igual desde aquel 6 de febrero de 2009 cuando la Policía irrumpió en varias sedes de la Generalitat. Gürtel es desde entonces una pesadilla para los populares valencianos, que no logran quitarse de encima ese fantasma.

Donde hay pleno de presidentes populares salpicados por la corrupción es en las diputaciones provinciales. El que fuera presidente de la Diputación de Alicante José Joaquín Ripoll fue detenido en julio de 2010 en el marco de la operación Brugal. Menos de seis años después le tocó el turno al presidente provincial de València, Alfonso Rus, en lo que se conoció como caso Taula, pero que derivó también en la causa del pitufeo y el estallido del grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de València, con nueve de los diez concejales imputados. Rus fue detenido también con una veintena de cargos vinculados al PP en enero de 2016 tras personarse la Policía en la sede de varias empresas públicas entre ellas Ciegsa. Quien ya pisó la cárcel y de nuevo ha vuelto a la calle es el expresidente de la diputación y del PP de Castelló, Carlos Fabra, condenado en noviembre de 2013 a cuatro años de prisión por cuatro delitos contra la Hacienda Pública.

Otro ex alto cargo en los gobiernos del PP, el que fuera siete veces conseller Rafael Blasco, es otro de los populares que ha pisado ya la cárcel. Allí sigue, de momento. Blasco fue condenado en mayo de 2014 a ocho años de prisión y 20 de inhabilitación por el caso Cooperación, el saqueo de las ayudas destinadas al Tercer Mundo. El saqueo de dinero, en este caso 24 millones de euros, también alcanzó a la depuradora de Pinedo y también se vieron inmersos cargos populares como el exalcalde de Manises Enrique Crespo. El destino del dinero no ha podido ser localizado.

Hasta un delegado del Gobierno en ejercicio fue detenido el 29 de mayo de 2015. Era Serafín Castellano, conseller con Zaplana y después con Camps. Sigue investigado en el caso Avialsa, las adjudicaciones de contratos de servicios de extinción de incendios. Otra detención sonora fue la de la intendente del Palau de les Arts, Helga Schmidt, el 20 de enero de 2015. También se investiga en el caso IVAM a otra ex alto cargo de Zaplana, Consuelo Císcar, y vivas siguen causas ligadas a la Fórmula 1. Una agenda judicial que va a dar aún sobresaltos al PP.