Hay vida más allá de Cataluña. Al menos, el Consell está empeñado en que la haya. Le va su viabilidad económica en ello. El ejecutivo de Ximo Puig se ha vuelto a rearmar en la batalla por una mejor financiación autonómica con un estudio que vuelve a constatar la situación deficitaria de la Comunidad Valenciana. Lo ha realizado el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE) a partir de los datos del Ministerio de Hacienda de las últimas balanzas fiscales disponibles (de 2011 a 2014).

Los saldos fiscales son la diferencia entre gastos e ingresos públicos de las administraciones. La conclusión es que la C. Valenciana es por su producto interior bruto (PIB) una comunidad pobre, con unos índices similares a Cantabria, Castilla y León, Asturias, Canarias o Galicia, pero, a diferencia de estas autonomías, la balanza valenciana es negativa. Esto es, sus ciudadanos aportan más de lo que reciben de la Administración central.

Y no es cuestión excepcional de un ejercicio. Lo que certifica el trabajo del IVIE es que es una constante de los últimos años analizados. La causa es que el gasto público de la Administración central en la Comunitat Valenciana es el menor de todos los territorios. El promedio de este gasto entre 2011 y 2014 es de 4.527 euros por habitante. En Euskadi son 7.542 euros (¡3.015 euros más!) y, si se dejan de lado los territorios con concierto y cupo propio, Castilla y León lidera la tabla con 6.541 euros en el periodo citado.

Las consecuencias son infrafinanciación e infrainversión. En ello puso énfasis ayer el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, tras la reunión con los expertos valencianos en las mesas técnicas para la reforma de la financiación, José Antonio Pérez y Francisco Pérez, y los responsables de la Conselleria de Hacienda.

Los datos del IVIE «demuestran, una vez más, la gran estafa que estamos sufriendo y hemos sufrido históricamente los valencianos», dijo Puig. «Los problemas territoriales no se resuelven con banderas, por muy grandes que sean», añadió en referencia a los últimos movimientos de los grandes partidos en Madrid.

Frente a esas iniciativas políticas, el Consell intenta como puede meter presión para reactivar el debate de la financiación autonómica. Este debe reabrirse con la anunciada convocatoria del Consejo de Política Fiscal, que no termina de producirse.

Con el estudio preliminar en la mano, Puig incidió ayer en que si el Estado contemplara de forma «objetiva» las necesidades de gasto, la Comunidad Valenciana debería recibir 2.500 millones de euros más al año, lo que se traduciría en un incremento del PIB del 3%, casi 3.000 millones de euros, y en un aumento del empleo del 2,7%, con 47.877 nuevos puestos de trabajo.