Donde las dan, las toman. Durante la primera mitad de su mandato en la Diputación, César Sánchez se dedicó a bombardear desde los tribunales iniciativas del Consell del Botànic que dirigen los socialistas y Compromís: los decretos de turismo y deportes con los que la Generalitat quería atar en corto a la Diputación y, fundamentalmente, el plurilingüismo en las escuelas impulsado por Vicent Marzà, uno de los consellers de Compromís. La jugada le salió redonda. Ganó y su imagen salió fortalecida como el principal ariete del PP contra la gestión de la izquierda. Ahora, sin embargo, esa judicialización se le ha vuelto en contra. Una denuncia de Compromís ha puesto en jaque los criterios en el sistema de reparto de ayudas «a dedo» de la Diputación hasta el punto de que el PP ha tenido que paralizar un plan de 30 millones que tenía previsto aprobar esta misma semana -el último con proyectos que se podían iniciar antes de las elecciones municipales- a la espera de que resuelva el juzgado. Es sólo un aperitivo de lo que se avecina en breve para el PP con decisiones de calado en la investigación, también impulsada desde Compromís, por el supuesto amaño de los estands de Fitur en la Diputación. A César Sánchez le recetan ahora su propia medicina.
