La palabra «Presidente», escrita con el privilegio de la mayúscula, aparece en 103 ocasiones en el último informe de la Unidad de delincuencia económica y fiscal (UDEF) de la Policía aportado al Caso Valmor. Splo en treinta y tres ocasiones se usa la palabra para citar al «Presidente Fabra». Y en otras cinco alude a presidentes de empresas y clubes de fútbol mencionados en el informe. Así que en las 62 ocasiones restantes, la palabra «Presidente» se usa para aludir al exjefe del Consell, Francisco Camps, que es citado en 91 ocasiones por los agentes policiales. Aunque esta presencia cuantitativa va acompañada de la cualitativa. En las 62 ocasiones en las que el nombre de Camps es invocado es para desvelar su implicación en la gestación y organización de las carreras de bólidos ya que para «el presidente la Fórmula 1 representa su proyecto personal», según asegura su asesora en esta materia, Belén Reyero, en un correo del 18 de noviembre de 2009. Una fecha en la que ya se sabía que la Fórmula 1 era una ruina económica, tras celebrarse las dos primeras ediciones.

A pesar de todos estos mimbres, el expresidente de la Generalitat declaró ayer ante la jueza y el Fiscal Anticorrupción del Caso Valmor aportó varias ideas fuerza que supusieron un centrifugado de responsabilidades de manual: «La Fórmula 1 fue idea de José Luis Olivas (presidente de Bancaja y exjefe del Consell)»; su relación con el patrón de la Fórmula 1, Bernie Ecclestone, fue «meramente protocolaria» y «nunca negoció detalles con él» de los contratos; por último, también señaló que ninguno de dos los vicepresidentes responsables de tutorizar la Fórmula [Vicente Rambla primero y Gerardo Camps, después] «nunca» le avisaron del agujero económico que estaba provocando a las arcas públicas la organización de este gran evento (alrededor de 300 millones de euros), según confirman fuentes conocedoras de su declaración judicial.

Respecto a los comprometedores correos de su mano derecha en el gran evento automovilístico, Belén Reyero, el exjefe del Consell negó haberla nombrado coordinadora de la F1 y deslizó que fue un fichaje de su jefa de gabinete, Ana Michavila, [Reyero fue asesora de Presidencia de la Generalitat del 1 de mayo de 2004 al 25 de septiembre de 2007] aunque «no trataba con ella», alegó el expresidente en sede judicial, en una comparecencia en la que respondió a todas las partes.

A las puertas de la Ciutat de la Justicia, antes y después de su declaración, Camps denunció que su situación judicial se debe a «una denuncia política de Compromís y sus socios» en el Consell del Botànic. A pesar de que Compromís tuvo una participación testimonial en las denuncias iniciales sobre la F1, que presentaron EU y el PSPV el 24 y el 25 de abril de 2014, y que propiciaron la denuncia de la Fiscalia Anticorrupción (el 18 de diciembre de 2014), Camps puso el acento en la coalición nacionalista. «Compromís es un partido catalanista que quiere que en Barcelona haya Fórmula 1 y no en València, y es el que presentó la denuncia. No quieren que València esté al nivel de Barcelona, siempre han creído que València tiene que ser subsidiaria de Cataluña y esto de la Fórmula 1, a ellos les dolió profundamente», aseguró en declaraciones a los periodistas.

Las declaraciones de Camps no dejaron indiferente a nadie. La vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, respondió al expresidente de la Generalitat que si los tribunales le han imputado en la causa por las presuntas irregularidades en la organización de la Fórmula 1 en Valencia «no es porque sea un héroe del valencianismo ni un patriota porque lo que hacen los patriotas es no robar a sus conciudadanos». Según Oltra, «el gobierno del señor Camps se pasó de frenada y gripó el motor de la Comunitat Valenciana» y remarcó que si en este momento existe una investigación judicial en marcha «no es por lo bien que se hizo o porque haya partidos que hayan denunciado, sino porque hay sospechas fundadas y serias de que alrededor de la F1 se montó todo un chiringuito de saqueo de las arcas públicas y eso es ilegal».«Los tribunales no intervienen para ver dónde se hace la Fórmula 1, sino que lo hacen cuando ha sido la excusa y el capricho de un gobierno irresponsable que utilizaba este tipo de actos para saquear las arcas públicas y beneficiar a algunos amiguitos del alma que estaban muy cerca del poder», destacó la vicepresidenta del Consell. Además, puntualizó que denunciar la comisión de un posible delito es un «deber público» y, por ello, hubo formaciones que «ejercieron este deber»