Hace casi seis meses, los socialistas alicantinos eligieron como nuevo líder a José Chulvi, alcalde de Xàbia y portavoz en la Diputación. Fue candidato único y contó con el aval del presidente de la Generalitat, Ximo Puig, para hacerse con los mandos del partido en la provincia. El jefe del Consell eligió a Chulvi por dos motivos. Primero, la necesidad de articular una sintonía en el mensaje entre la cúpula socialista de Alicante -territorio clave para que Puig llegara al Palau en 2015- y la Generalitat. Una cercanía que durante el mandato de David Cerdán no se había producido. Y segundo: la capacidad del primer edil de Xàbia para enfriar los conflictos y darles solución desde el diálogo. Pero, cuando apenas falta un año para los comicios locales y autonómicos, los «incendios» socialistas se propagan sin control por toda la provincia, una circunscripción que volverá a ser decisiva en las cita con las urnas de 2019 para dar continuidad al proyecto de Puig.

Lejos de experimentar una mejoría, el enfermo transmite síntomas muy preocupantes. Todo está peor. Mucho peor. Y tanto la dirección provincial de José Chulvi -prácticamente inédita y desaparecida- como el «aparato» de Organización del PSPV -con un desconocimiento casi absoluto de la escena política alicantina- se han mostrado impotentes no ya para resolver los conflictos sino tan sólo para contener la avalancha. Para nadie es un secreto dentro del PSPV que, en estos momentos, las dos principales agrupaciones del partido en esta provincia -Alicante y Elche- están sumidas en una grave crisis. Y estamos ante dos municipios en los que se acumula casi un tercio del censo electoral de la provincia pero en los que, a día de hoy, la debilidad socialista es una evidencia y foco de temores.

En la capital, como se recordará, la pérdida de la Alcaldía tras la dimisión de Gabriel Echávarri con su doble imputación a cuestas desembocó en un enfrentamiento de la ejecutiva local -controlada por el exsenador Ángel Franco- y la cúpula del PSPV que tuvo que desautorizar a los dirigentes alicantinos en su intento de destituir como portavoz a Eva Montesinos, la edil con la que habían intentando retener el gobierno municipal tras esa renuncia de Echávarri. El choque ha vuelto a poner en evidencia la situación de la agrupación de Alicante, convertida en parte de los problemas del PSPV. Con la carrera electoral en puertas, el socialismo alicantino ni tiene candidato, ni tiene discurso después de los tres años de fallido gobierno, ni una organización solvente para afrontar un escenario tan complejo. En Elche, el socialista Carlos González sí terminará el mandato pero se ha quedado en minoría en la agrupación después de la victoria del exalcalde Alejandro Soler -único alicantino en la dirección federal de Pedro Sánchez- en la asamblea para elegir secretario general local. Así que, en estos momentos y después de todos esos movimientos internos, las luchas de partido con los intentos de los «sanchistas» de ganar posiciones para el futuro han dejado en precario al principal alcalde que, por ahora, conservan los socialistas en la provincia de Alicante.

Son dos de los problemas más graves por la factura electoral que conllevan pero no los únicos. Junto a la inestabilidad interna, los socialistas también arrastran dificultades en Elda, donde el alcalde Rubén Alfaro, presidente a su vez de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, es uno de los cargos públicos más cuestionados por el último informe de la Sindicatura de Greuges. Y están pendientes de una investigación por financiación ilegal de consecuencias impredebles y que se puede alargar prácticamente hasta las elecciones con un goteo de informaciones que pueden minar a los socialistas. De momento, están ya imputados, junto a ténicos y funcionarios, Etelvina Andreu, candidata a la Alcaldía de Alicante en 2007; y Agustín Navarro, exprimer edil de Benidorm y ahora diputado provincial. El informe interno elaborado por el PSPV, precisamente, apunta a la ciudad turística como foco de irregularidades, al menos, en dos donaciones, en un procedimiento que además ha tenido impacto a su vez en la estabilidad de la Diputación.

De hecho, en estos momentos, el grupo provincial del PSPV acumula dos imputados en sus filas. Junto a la mencionada investigación contra Agustín Navarro por la financiación ilegal también está imputado el propio José Chulvi tras una denuncia de Ciudadanos por trocear adjudicaciones en la gestión de su municipio. Un procedimiento por el que ya ha declarado pero que el juez no termina de archivar a pesar de que su defensa así lo ha solicitado. No es una cuestión menor. Es un escenario que limita el discurso de los socialistas que acumulan, a día de hoy, el mismo número de imputaciones en la Diputación que el grupo del PP, uno de ellos su propio líder. Todo eso ha diluido el rol del mensaje de Chulvi frente a César Sánchez en el Palacio Provincial. Hasta el punto de que el portavoz socialista se ha mostrado a favor de respaldar un nuevo reparto de subvenciones -30 millones en obras sostenibles- proyectado por el equipo de gobierno del PP, una estrategia de perfil bajo de oposición que levanta recelos en las filas socialistas y que se va a topar con oposición dentro del partido. Otro conflicto más que se avecina.