Hace ahora justo una semana, el PP exhibía a Mariano Rajoy durante una jornada en Alicante que tenía un único objetivo: aprovechar la carambola que le devolvió la Alcaldía a los populares con Luis Barcala a la cabeza en detrimento de los socialistas para insuflar aire al flotador que les sostiene en su intento de llegar con más opciones a la cita electoral municipal y autonómica de 2019. El eje conformado por la Diputación y el consistorio alicantino -esta semana ha quedado evidenciado cruzando las agendas coincidentes de concejales y diputados- se ha convertido en el ariete del PP para tratar de ganar posiciones en una larga campaña electoral que ya ha empezado y en la que Isabel Bonig, avalada por Rajoy como aspirante a la Generalitat, trata de recortar distancias con un discurso de tono durísimo contra el Consell del Botànic y de corte frentista, especialmente, agitando la batalla educativa y el conflicto del valenciano.
Es cierto, en términos políticos, que el viaje de Rajoy a Alicante, tuvo un efecto positivo de puertas hacia dentro en el PP: volvió a evidenciar, una vez más, su imponente capacidad de movilización. Pero, sin embargo, también es verdad que, en último extremo, la rentabilidad exterior fue muy cuestionable. Dos episodios marcaron, irremediablemente, la jornada y empañaron el discurso del PP. Uno: el «lapsus» del presidente del Gobierno cuando olvidó el nombre del alcalde Luis Barcala. Es verdad que luego lo arregló. Pero el mensaje que se trasladó es que Rajoy llegó a una ciudad para acompañar a un edil que se estrenaba en el cargo y del que no conocía ni como se llamaba. Y segundo: la versión 2.0 del que «¡Que se jodan!» de Andrea Fabra a los parados cuando era diputada en el Congreso en boca, en esta ocasión, de Carmen Martínez Castro, la responsable de comunicación de Rajoy, que también insultó en tono parecido, como captó la periodista de una televisión local, a los grupos policiales que se manifestaban para exigir el cumplimiento de las mejoras prometidas para su jubilación. Es de lo que se ha hablado. Lo que ha quedado. Tanto que, a media semana, el alcalde tuvo que arremangarse y citar a los destinatarios del exabrupto lanzado por una de las personas más próximas a Rajoy para deshacer el entuerto.
Pero encima, después de que los acontecimientos le dieran la vuelta a la visita del presidente del Gobierno a Alicante, los populares han sufrido dos golpes esta semana dentro del complicado calendario judicial -avances de la instrucción, movimientos de la Fiscalía, juicios...- que les aguarda hasta las elecciones a raíz de las investigaciones por corrupción que les afectan -alrededor de una veintena con un centenar de imputados- y que se remontan todas a su etapa de gestión tanto en la Generalitat como en las principales instituciones de la Comunidad. La confirmación definitiva por el Tribunal Supremo de la resolución de la primera de las piezas de Gürtel -el amaño de los contratos de Fitur para favorecer a la red de Francisco Correa y El Bigotes- que llevará a prisión a Milagrosa Martínez, condenada a nueve años de reclusión.
No es una sentencia más. Ni mucho menos. Es el segundo miembro de los gobiernos de Francisco Camps que entrará en la cárcel. Ya ingresó en su día Rafael Blasco, preso en el penal de Picassent por el fraude de las ayudas al tercer mundo. Pero es una dirigente que jugó un rol simbólico e institucional muy importante. Milagrosa Martínez, junto a su etapa como alcaldesa de Novelda, fue la primera consellera de la historia dedicada en exclusiva al Turismo, competencia -nuestro gran motor económico- hasta entonces diluida en otros departamentos como ha pasado después. Y nada menos que la segunda autoridad valenciana con Camps en su condición de presidenta de las Cortes. Poca broma. El segundo golpe ya se ha producido pero puede que su onda expansiva sea mayor: la decisión de Ricardo Costa, antiguo número dos regional del PP, de colaborar con la Fiscalía después de confesar la financiación ilegal de su partido en otro de los juicios de Gürtel. Ya se ha traducido en nuevas diligencias por el supuesto «saqueo» de la Fórmula 1. El Consell cifra el «agujero» en unos 300 millones por una investigación que ya tiene varios frentes abiertos y por la que Camps acumula dos imputaciones. Está por ver el alcance que pueda tener ese movimiento en el futuro.
En el PP se aferran a dos argumentos para intentar quitar hierro a este escenario de desgaste: son decisiones judiciales que ya estaban descontadas y ahora, además, el decorado no es el mismo una vez que avanza en los juzgados la investigación por financiación ilegal contra los socialistas y el Bloc -principal partido de Compromís- que, de momento, se ha saldado con imputaciones para cargos del PSPV. Ocurre, sin embargo, que en el PP no han podido ocultar los nervios ante ese panorama tan complicado. El recurso al argumentario de comparar la condena a Milagrosa Martínez con la de La Manada es la prueba. Y a eso se suma que, más allá de un vaticinio u otro, todas las encuestas que se van conociendo coinciden en una tendencia a la baja del PP. Y es que, a diferencia de lo que ocurrió en las elecciones de 2007 o 2011 cuando Camps arrasó en las autonómicas, ahora los populares se la juegan con un competidor llamado Ciudadanos que, sin moverse ni hacer casi propuestas, le va comiendo espacio. Así que el flotador del PP, en lugar de llenarse un poco con actos como el de Rajoy, cada vez parece tener menos aire. Y ya se sabe lo que ocurre cuando esa rueda que te mantiene a flote se va reduciendo. Te hundes.
