11 de mayo de 2018
11.05.2018

Imputan al jefe de Gabinete de la exministra Corredor por la adjudicación a Crespo Gomar

La jueza también ha citado a declarar como investigado al subsecretario del Ministerio de Vivienda

12.05.2018 | 02:11

La titular del Juzgado de Instrucción número 24 de Madrid, María de las Mercedes Pérez Barrios, ha citado a declarar como investigado el próximo 21 de mayo a Nicolás Mateos, jefe de Gabinete de la exministra de Vivienda y a Marcos Vaquer, subsecretario del Ministerio y expresidente la Entidad Pública Empresarial de Suelo (Sepes) por la adjudicación de un contrato de publicidad relacionado con el Plan de Vivienda 2009-2012 a la empresa de comunicación Crespo Gomar, la agencia de comunicación que facturó servicios para el PSOE valenciano (PSPV), por el importe de 126.208 euros.

Según un auto al que ha tenido acceso Europa Press, la juez instructora, tras interrogar a tres funcionarios del Ministerio de Vivienda este viernes, ha acordado investigar en los mismos hechos a estas dos personas por los presuntos delitos de prevaricación y/o malversación de fondos públicos.

También ha citado para este mismo día a la que fuera jefa de prensa del Ministerio, Eva Cuesta, y a la que ejerció como abogada de Estado del Ministerio de Vivienda y exsubsecretaria de Defensa, Irene Domínguez-Alcahud. La ronda de citaciones continuarán el día 30 de mayo con las comparecencias de Eva Santiago, Pedro Plasencia, Rita Lorite y Andrés Lara.

La juez de Plaza de Castilla de Madrid les llama a declarar para que den su versión sobre el informe pericial que solicitó el Juzgado de Instrucción número 21 de Valencia cuando arrancó la investigación por la presunta financiación irregular del PSPV y Bloc --partido mayoritario en Compromís-- antes de inhibirse al juzgado madrileño. El perito concluyó que en la cronología de hechos recogida en el expediente de contratación 'Realización de la creatividad y producción de la campaña de publicidad institucional para difundir los contenidos del Plan de Vivienda 2009-2012', resulta "incoherente e imposible".

Según el perito, el informe técnico está fechado el 11 de diciembre y que esa mismo día se reúne la Mesa de Contratación que propone adjudicar provisionalmente el contrato a Crespo Gomar. La adjudicación provisional se hizo el día 15 de diciembre y se propuso para la definitiva el 29 de diciembre, día en que se fiscaliza y adjudica.

El contrato aparece firmado ese mismo día y sigue apareciendo el plazo de ejecución con fecha de 31 de diciembre. Además, al experto le llama la atención en el hecho de que el Abogado del Estado, que entró al Ministerio el 7 de enero, bastanteó el poder para formalizar dos días antes; mientras que en el contrato se dice que este trámite tiene fecha del 29 de diciembre.

EL PERITO RECHAZA LA "URGENCIA" DE LA ADJUDICACIÓN

Este informe cuestiona que el director del gabinete de Corredor, que redactó o firmó el Pliego de Prescripciones técnicas para la realización de la creatividad de la publicidad, declarase la licitación como "urgente". Para el perito, "más que una urgencia parece una imprevisión", pues ni prevé la duración del mismo y sólo se señala que deberá ejecutarse antes del 31 de diciembre de 2008 y añade que el informe del Interventor Delegado en el Ministerio señaló que no se cumplía la motivación requerida por la ley en casos de urgencia.

Según explica la juez Pérez Barrio en su auto que Marcos Vaquer, entre otras actuaciones, suscribió el Informe de insuficiencia de medios, firmó junto a Eva Cuesta el contrato de adjudicación de fecha de 29 de diciembre, el acta de recepción del 30, el certificado de conformidad con la factura y contabilidad de la misma.

Por otro lado, señala que Cuesta fue convocada como vocal a las Juntas de la Mesa de Contratación del 27 de noviembre y a las tres que hubo en diciembre, a las que no compareció, haciéndolo en su lugar Eva Santiago, que también realizó la valoración técnica junto a Beatriz Tejada.

En cuanto a Domínguez-Alcahuz dice que acudió a las cuatro reuniones; mientras que Pedro Plasencia sólo presenció la realizada el 5 de diciembre, y Rita Lorite y Andrés Lara asistieron a la celebrada el 29 de diciembre.

El informe pericial destaca que en el expediente no consta el nombramiento de los miembros de la mesa de contratación. En este caso, indica que hay "una inobservancia grave en cuanto a la composición y funcionamiento de la mesa en diversas sesiones y las sustituciones de algunos de ellos cuya presencia no se acredita".

DOCUMENTACIÓN "INCORRECTA"

Por otro lado, el perito subraya que existía una documentación "incorrecta" de empresas licitadoras, que "no se espera a subsanar esta" para abrir la documentación técnica y que se incumple el pliego de cláusulas al no constar la valoración de las ofertas técnicas.

Los miembros de la Mesa de Contratación que han declarado este viernes -- la presidenta Rosario G.V.; la secretaria Sandra S.F.; y el vocal e interventor que supuestamente autorizó el pago, José María A.G.-- han reconocido ante la juez que valoraron positivamente la oferta que presentó Crespo Gomar, que era la más económica pero no la mejor desde el punto de vista técnico.

También han defendido la legalidad de la adjudicación y han precisado que los errores que aparecen en el expediente que son "fallos de redacción".

DILIGENCIAS SIMILARES EN OTRO JUZGADO MADRILEÑO

Estas declaraciones coinciden con las acordadas por el Juzgado de Instrucción número 43 de Madrid en relación a un concurso de publicidad concedido por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad también a la empresa de comunicación Crespo Gomar en 2008, hechos por los que están imputados dos exaltos cargos de este Ministerio.

Se trata de la que fuera directora general de Consumo y candidata a la Alcaldía de Alicante, Etelvina Andreu y la entonces subsecretaria de Sanidad y Consumo, Consuelo Sánchez Naranjo, quienes están citadas a declarar como investigadas el próximo día 21 de mayo por los presuntos delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos. Este mismo día también están llamados a comparecer dos componentes de la Mesa de Contratación, mientras que otros seis integrantes del mismo órgano lo harán el día 24 y el 30 del mismo mes.

Los juzgados madrileños incoaron diligencias después de que el Juzgado de Instrucción número 21 de Valencia, que comenzó a investigar la presunta financiación irregular del PSPV y Bloc --partido mayoritario en Compromís-- entre los años 2007 y 2011, se inhibiese a favor de los juzgados de Madrid, Benidorm y Gandia por los presuntos delitos de malversación y prevaricación.

PRESCRIPCIÓN DEL DELITO ELECTORAL

El juzgado de Valencia arrancó la investigación por los delitos prevaricación, malversación y electoral en diciembre de 2016 tras recibir un informe de la Policía Nacional sobre una supuesta financiación irregular de los partidos políticos entre los años 2007 y 2011.

Tras la práctica de distintas diligencias y con el informe favorable de la Fiscalía, este órgano judicial se declaró "no competente" para proseguir con la instrucción al descartar que los hechos indiciariamente delictivos se hubieran cometido en el partido judicial de Valencia, por lo que se inhibió a favor de juzgados de Gandia, Benidorm y Madrid, descartando el delito electoral por posible prescripción.

En el auto de inhibición, el juez de Valencia explica pasa la causa a los otros tres juzgados para que puedan continuar analizando otros hechos por si pudieran ser constitutivos de delito, como la compraventa de un local en Gandia por la Federación Valenciana de Fútbol subvencionada por el Ayuntamiento de esa ciudad; los 'opinómetros' --contrato de suministro del sistema de comunicación a Opino Media por el Ayuntamiento de Benidorm en 2010--; y las adjudicaciones ministeriales durante la etapa de José Luis Rodríguez Zapatero en el Gobierno a la empresa Crespo Gomar.

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