La continuidad de Francisco Camps, expresidente de la Generalitat, como miembro del Consell Jurídic Consultiu con un sueldo público que en 2017 alcanzó los 75.000 euros brutos tiene fecha de caducidad. Las Cortes Valencianas, con los votos de los socios del Consell del Botànic -socialistas, Compromís y Podemos- además de Ciudadanos, aprobaron rebajar el mandato máximo de los miembros del órgano encargado de revisar la legalidad legislativa de la Comunidad de quince a ocho años. Hasta ahora, por tanto, Camps, con una triple imputación por corrupción a cuestas, tenía asegurada su presencia en el Consell Jurídic hasta 2026 con lo que, de esta manera, se aseguraba llegar hasta pasada su jubilación. Ahora, sin embargo, con la modificación aprobada ayer en las Cortes, el exdirigente del PP, que ya ocupa plaza en este órgano desde 2011, se quedará sin el sillón que ahora ocupa y, por tanto, sin el salario público dentro como máximo de un año.

La nueva norma, que actualiza la ley vigente de 1994 y fue impulsada por Podemos hace un año mediante una proposición de ley, quedó aprobada con los votos de todos los grupos excepto el PP, que se abstuvo. Con esta ley, los seis miembros del Consell Jurídic serán designados dos por el Ejecutivo y cuatro por las Cortes(hasta ahora elegía tres cada institución); el mandato de los consejeros pasará de cinco a cuatro años con una sola renovación hasta los ocho años y se garantizará la paridad de género en su composición. Además, la presidencia de este órgano estatutario dejará de ser designada por la presidencia de la Generalitat y será elegida por los consejeros electos en votación secreta, mientras que las Cortes podrán pedir también informes al Consell Jurídic, algo que estaba limitado a la Generalitat y las entidades locales. Finalmente se ha eliminado del texto la disposición que planteaba que las Cortes tendrían un «servicio de consulta» para asesorar a todos los grupos parlamentarios sobre las proposiciones legislativas.

De esta manera, Camps se quedaría sin salario público en un plazo breve aunque sí mantendría, salvo que ahora se modifique la ley de expresidentes, otras prebendas como un asesor y el uso de un vehículo oficial. El portavoz socialista, Manuel Mata, indicó que es una ley «muy loable» pero el PSPV, dijo, «nunca hará una ley ad personam», pues los expresidentes son «dignísimos y tienen mucho que aportar». Mireia Mollá, de Compromís, consideró que los exjefes del Consell deberían estar en el Consejo Económico y Social. Fabiola Meco, de Podemos, aseguró que gracias a esta ley el Consell Jurídic tendrá «más autonomía» y dejó claro que la limitación de mandatos afecta a Camps con una aplicación retroactiva.