El primer fallo en firme contra la trama Gürtel, por el que se ha condenado a la exconsellera de Turismo, Milagrosa Martínez, a nueve años de prisión por el amaño en la adjudicación de contratos para el montaje de Fitur a la trama corrupta, estuvo ayer en boca de altos cargos del PP de la Comunidad Valenciana y de la provincia. Públicamente rechazaron entrar a valorar la sentencia y se remitieron al «respeto» que hay que tener a los fallos judiciales, pero que compararon de puertas hacia dentro, a modo de argumentario generalizado, la dureza de la resolución que afecta a la que fuera segunda autoridad autonómica como presidenta de las Cortes con la polémica resolución del caso de La Manada con los acusados de agredir sexualmente a una joven y que, al final, se han quedado con una pena casi calcada.

Cargos autonómicos y provinciales señalaban ayer que era díficil de entender que los cinco hombres condenados por abusar sexualmente de una joven -una sentencia que ha sido recurrida por la Fiscalía y que ha generado un gran movimiento social para pedir que los hechos se califiquen como violación y no como abuso- tengan encima una pena de prisión similar a la que ha recaído sobre la exconsellera, quien fuera también presidenta de las Cortes y alcaldesa de Novelda. El Tribunal Supremo ratificó el martes punto por punto la primera sentencia y condenas sobre la trama Gürtel dictada el 8 de febrero de 2017 por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV).

Ninguno de los argumentos esgrimidos por los once acusados fueron admitidos por el alto tribunal, por lo que los cabecillas de la Gürtel (Francisco Correa, Álvaro Pérez y Pablo Crespo) seguirán en la cárcel, mientras que la exconsellera tendrá que ingresar en prisión, convirtiéndose en el segundo cargo del equipo de gobierno del expresidente Francisco Camps en ser condenado a penas de prisión por su gestión. Los comentarios de todas las fuentes del PP consultadas por este diario respondían a una clara intención de desmarque de la etapa de Camps, con dos de sus consellers condenados a penas de prisión - Rafael Blasco, ya recluso, y ahora Milagrosa Martínez-, aunque oficialmente la directriz era no entrar a valorar el fallo de Gürtel y «respeto máximo» a las decisiones de la Justicia. Esta línea oficialista solo la sacó a la palestra la presidenta regional del PP y síndica en las Cortes, Isabel Bonig, que dijo ante preguntas de los medios de comunicación que su partido muestra su «respeto más absoluto» al fallo, además de «pedir perdón por las cosas mal hechas».

Con un año por delante hasta los próximos comicios y con Ciudadanos fuerte en las encuestas, los populares intentan desvincularse hasta donde pueden del partido que tiene ahora sentados en el banquillo a exdirigentes como Ricardo Costa por presunta financiación ilegal y que cuenta con dos exconsellers condenados en fallos firmes por casusas ligadas a la corrupción. El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, indicó que el PP hacía «partidismo corrupto», mientras que la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, celebró ayer que el «el PP y la corrupción ya no estén en los gobiernos». Podemos registró en las Cortes Valencianas una petición para que se retire la placa conmemorativa que Milagrosa Martínez tiene en la entrada de la sede parlamentaria.