El pleno de las Cortes Valencianas ha dado luz verde con los votos de PSPV, Compromís, Podemos y Ciudadanos y el rechazo del PP a la norma que tiene por objeto redefinir la publicidad institucional en la Comunitat Valenciana y evitar su uso partidista.
La norma impide por ejemplo la celebración de actos públicos que tengan un carácter partidista, como inauguraciones de obras financiadas con dinero público. Lo que se busca, según los promotores, es que la publicidad institucional quede desligada por completo de los partidos políticos. Así, se prohíbe la instrumentalización partidista de placas conmemorativas o primeras piedras o que se pueda decidir sobre las infraestructuras en función de su rentabilidad electoral.
La ley recoge expresamente la prohibición de cualquier campaña o acto institucional que se lleve a cabo no solo en el período oficial de la campaña, sino desde el momento en que se hace pública la fecha de la convocatoria electoral, lo que supone una novedad. Además, la Generalitat tendrá que velar por un reparto publicitario basado en los principios de eficacia, eficiencia y objetividad, para lo que tiene que primar criterios objetivos como la difusión o la audiencia del medio. No se podrá vetar a medios de comunicación con línea editorial crítica.
La norma también impide la contratación publicitaria en medios que contengan anuncios de comercio sexual y, además, el órgano responsable de la publicidad institucional dentro del Consell tendrá que comparecer anualmente en las Corts para presentar un informe anual.
En principio, la norma tenía prevista su entrada en vigor a los tres meses después de su publicación en el Diario Oficial de la Generalitat, pero una enmienda del PP para que lo hiciera a los 15 días salió adelante finalmente con el apoyo de Podemos.
La izquierda se ha felicitado de que la ley impida que se favorezca a unos medios en detrimento de otros y recordó cómo el PP desde el Consell vetó la publicidad a medios que le eran críticos.
Podemos defendió durante el debate la creación de un consejo de control de Publicidad Institucional, pero el PSPV lo rechazó porque es imposible que este órgano pueda controlar las campañas institucionales de los 500 municipios valencianos.
Para el PP, la ley de Publicidad Institucional es la segunda parte del caso Crespo Gomar de financiación del PSPV y el Bloc. «De la publicidad vivieron y se quieren seguir manteniendo, lo único que quieren es seguir mordiendo de la publicidad», aseguró el diputado del PP Rubén Ibáñez.
