Las direcciones local y nacional del PSPV-PSOE descartan por el momento tomar medidas contra la excandidata de los socialistas a la Alcaldía en el año 2007, Etelvina Andreu, quien ha sido citada a declarar en calidad de investigada por un juzgado de Madrid en relación a la presunta adjudicación irregular de un contrato a la empresa Crespo Gomar, que trabajó en su campaña electoral en 2007. La adjudicación se realizó durante su etapa al frente de la Dirección General de Consumo, dependiente del Ministerio de Sanidad que dirigía Bernat Soria, y en ella el juzgado ha observado indicios de los presuntos delitos de prevaricación y malversación.
El dinero de la campaña nacional fue a parar a Crespo Gomar, la empresa de comunicación a la que apuntaba la investigación por la supuesta financiación irregular del PSPV y el Bloc, archivada por prescripción del delito.
El secretario general de los socialistas alicantinos, Miguel Millana, apeló ayer al código ético del partido y recordó que las responsabilidades o expedientes -Etelvina Andreu ya no ocupa ningún cargo público- se exigen con la apertura del juicio oral y no antes. En este sentido, Millana incidió en que lo más «prudente» es esperar a ver cómo se desarrolla la causa judicial, dejar a la Justicia «hacer su trabajo» y pedirle la máxima celeridad posible «para que todo se resuelva cuanto antes». «No hay por qué tomar medidas. Esperaremos a ver qué pasa y comprobar si finalmente se produce la apertura de juicio oral, que es dónde tenemos marcado el momento procesal para pedir responsabilidades».
La dirección nacional del partido defendió la misma postura y no tomará, al menos de momento, medidas. Las citadas fuentes señalaron que no hay «una gran preocupación» en el partido por este asunto, derivado de la denuncia que el PP presentó en València ante la Policía por la presunta financiación irregular del PSPV y Bloc, formación integrada en la coalición Compromís que gobierna en el Consell junto a los socialistas. Mientras tanto, el jefe del Consell y líder de los socialistas valencianos subrayó que no ha habido financiación ilegal en su partido, pero sí advirtió que habrá decisiones «fulminantes» para quien haya hecho algo mal.
La jueza de València repartió entre tres juzgados la denuncia principal por presunta financiación ilegal al considerar que podría haber indicios de delito en la adjudicación de varios contratos. Así, se abrieron piezas separadas en un juzgado de Gandía, otro de Benidorm y otros dos de Madrid, donde Crespo Gomar es el nexo común en todas ellas. Sin embargo, se archivó en València por prescripción de delito electoral. La ramificación por la presunta financiación irregular del partido en la campaña de 2007 ha estallado a un año de las próximas elecciones con las dos primeras imputaciones oficiales de excargos del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. Además de Etelvina Andreú, ha sido citada como investigada la que fuera subsecretaria de Consumo, así como técnicos de la mesa de contratación.
La situación ha terminado tensionando el Botànic y el portavoz de Podem en las Cortes, Antonio Estañ, aseguró ayer que su formación pedirá medidas políticas y personarse en las causas judiciales sobre la supuesta financiación ilegal del PSPV en Gandia y Benidorm, lo que provocó la reacción del Síndic del PSPV, Manolo Mata, que le dijo que en esos asuntos no hay imputaciones, y le comparó con el «Guerrero del antifaz».
Desde el PP, la número dos autonómica, Eva Ortiz, dijo que hay quien quiere que estas causas judiciales sean «un mal sueño y acabaran ya, pero están empezando».
