Los nueve empresarios acusados de haber financiado ilegalmente al PP de la Comunidad Valenciana a través de las empresas de la trama Gürtel fueron los primeros en mostrarse favorables a cerrar un pacto con la Fiscalía para conseguir reducciones en la condena a cambio de confesar los hechos. De hecho, fue el promotor alicantino Enrique Ortiz quien rubricó en febrero de 2017 el pacto con la Fiscalía. Tras él, se sumó el resto y se mostraron favorables a pactar también. El acuerdo pasaba por que ninguno de ellos tendría que entrar en prisión y la pena serían multas que en conjunto rondan los dos millones de euros. Todos admitieron haber financiado al PP con dinero negro que sufragaba gastos electorales de las campañas electorales correspondientes a los años 2007 y 2008. El destino real del dinero se camufló a través de contratos de los empresarios con las mercantiles de la trama Gürtel. La Fiscalía confirmó ayer que las penas de prisión solicitadas se sustituirían por multas. Los empresarios son:

Enrique Ortiz, Rafael y Tomás Martínez, José Francisco Beviá y Vicente Cotino

? Delito electoral (doce meses y 45 días de multa a 100 euros día) y falsedad documental (dos años y cinco meses de multa a 100 euros diarios).

Antonio y Alejandro Pons, Alejandro Pons, Enrique Gimeno, Gabriel Alberto Batalla

? Delito electoral (24 meses y 90 días de multa a 100 euros día) y falsedad documental (dos años y cinco meses de multa a 100 euros diarios).