Diez años después de que se iniciara la investigación de la trama valenciana de la red Gürtel, que buscaba determinar cómo, quién y por orden de qué personas se financiaba el Partido Popular en la Comunidad Valenciana, ayer quedó visto para sentencia el juicio que desde el pasado enero se venía celebrando en la Audiencia Nacional por estos hechos sin que las principales incógnitas hayan quedado despejadas.
Así lo manifestaron ayer las defensas de Pablo Crespo y Álvaro Pérez, dos de los cabecillas del entramado de Francisco Correa, que afearon a la fiscal Myriam Segura y al resto de las acusaciones (la Abogacía del Estado y la popular que se ejerce en nombre del PSPV) no haber querido conocer la verdad. «Los que provocaron los delitos que se están juzgando fueron los empresarios que pagaron (en alusión a los nueve acusados que confesaron los abonos al PP tras un pacto con la Fiscalía que les ha librado de la cárcel) pero nadie se ha preocupado de indagar quién les dijo que lo hicieran y qué recibieron a cambio», espetó Margarita Crespo, defensa e hija del número dos de la trama en un alegato medido pero no exento de rabia.
Un sentimiento comprensible y que embargó a todos los presentes (tanto acusados como letrados) después de que al término de la sesión de la mañana recibieran como un jarro de agua fría la noticia de que el Supremo había confirmado las penas impuestas en la pieza que investigó los contratos de Fitur con la trama, la primera sentencia firme de Gürtel que supone la validación de las escuchas para todas la causas venideras y que en el caso de Crespo, por ejemplo, le impone más de 13 años de prisión.
«Nos quedamos sin saberlo porque la fiscal no preguntó y así, los que pagaron se van de rositas y quienes solo querían cobrar los trabajos que habían hecho para el PP están aquí», dijo en referencia a su padre al que, a diferencia de Correa, no se le han aplicado las atenuantes de confesión y reparación del daño pese a que su responsabilidad civil la ha incluido el cabecilla de la red en los 2.064.000 euros que procedentes de una cuenta de la trama en Suiza se ingresaron precisamente ayer en la cuenta del juzgado con destino final a Hacienda.
No menos virulento fue el alegato de la defensa de Álvaro Pérez, el letrado Javier Vasallo, quien dijo de la acusación pública que carecía de «rigor técnico» y se quejó de «una protección desmedida» a los empresarios. «¿Por qué? ¿Porque tienen dinero y han pagado? Si el objetivo era recaudar, eso lo hemos conseguido», espetó con ironía.
Los ataques que por la tarde recibieron los contratistas, entre los que se encuentran Enrique Ortiz o los hermanos Martínez Berna, quienes como el resto de los empresarios acusados recibieron las críticas con gesto serio, contrastaron con los piropos que por la mañana les llovieron desde la Fiscalía, en especial a Ortiz. «No se puede ver igual al que da un paso al frente temprano que al que lo hace cuando ya han hablado otros», dijo la fiscal en referencia a la brecha que abrió el letrado del promotor, Francisco Ruiz Marco, provocando la cascada de confesiones que vinieron detrás y que han sido determinantes para apuntalar las acusaciones en este proceso.
Entre otros efectos, muy probablemente la declaración del exdirigente popular Ricardo Costa, calificada de «ejemplarizante para la sociedad» por su abogado pero no merecedora de la atenuante de confesión para la acusadora pública. Llegó demasiado tarde. Aún así, su cambio en la petición de pena (de 7 años a 4 años) es el más significativo junto al de Correa (de 22 años a 7). En cuanto al resto, las mayores rebajas para los miembros de la red y apenas perceptibles en el bando de los políticos, a quienes les costó digerir el planeamiento de la fiscal porque esperaban, como en el caso del exvicepresidente Vicente Rambla y de David Serra, una reducción mucho más significativa.
