El mitin del líder nacional del PP, Mariano Rajoy, en el Auditorio Provincial de Alicante (ADDA) se convirtió en toda una ofensiva contra la política lingüística del Consell y, de facto, en la apertura de la batalla electoral hacia la carrera de los comicios municipales y autonómicos de 2019, justo en un año. El también presidente del Gobierno aprovechó -ese fue el motivo fundamental de organizar el acto en la capital alicantina, que no pisaba desde hace cinco años- para dar su espaldarazo al nuevo alcalde de la ciudad, Luis Barcala, y a la vez consagrar el eje electoral sobre el que pivotará la campaña del PP en la provincia: el ataque a la política educativa del Consell, agitar el conflicto lingüístico y comparar la situación de la Comunidad con la de Cataluña.

La convocatoria, que arrancó con un homenaje a las víctimas de ETA tras la disolución de la banda, llenó por completo el ADDA y avanzó la que será la foto oficial del PP en Alicante en los comicios del año que viene. Mariano Rajoy flanqueado por los dos candidatos a la presidencia de la Generalitat y la Alcaldía de Alicante, la presidenta autonómica del PP, Isabel Bonig, y el nuevo alcalde de la ciudad, Luis Barcala, ambos ratificados en una intervención cargada de ataques al Consell del Botànic pero en la que, sin embargo, el presidente del Gobierno pasó de puntillas sobre la discriminación que sufren la provincia y la Comunidad en el reparto de la inversión o con el bloqueo de la financiación. Tampoco aludió a ningún proyecto emblemático para Alicante ni a la posibilidad de levantar el plan de ajuste municipal. Ni palabra de eso.

En su discurso, Rajoy sí anunció que su gobierno se planteará un recurso de inconstitucionalidad contra la nuevo Ley de Plurilingüismo de la Generalitat si no hay acuerdo en la comisión bilateral, que ya ha sido convocada. La carga de profundidad, que abre otro frente entre el Consell y el Gobierno, fue apoyada más tarde por Isabel Bonig, que recurrió al discurso de que los que gobiernan la Comunidad «quieren enfrentar y dividir a una sociedad» en clara referencia a la política educativa del conseller de Educación, Vicent Marzá, de Compromís.

Las últimas sentencias dictadas sobre el plurilingüismo del Consell las exprimió el PP hasta sudar. «Este gobierno se planteará la inconstitucionalidad de la Ley si no respeta la legalidad y el derecho de los padres a elegir centro y lengua vehicular para la educación de sus hijos», aseveró Rajoy. «Queremos dialogar antes de recurrir, pero que nadie se llame a engaño». Señaló que el Gobierno «estará siempre con la ley y el PP estará siempre defendiendo la libertad de los padres para elegir el centro y lengua de sus hijos». Y, además, añadió que no piensa aceptar «ni imposiciones ni discriminaciones» porque el castellano y el valenciano son lenguas cooficiales. En la línea argumental tan manida por Bonig de comparar a Cataluña con la situación valenciana, Rajoy subrayó que «lo último que necesita la Comunidad es seguir el ejemplo de división, enfrentamiento e invención de problemas que causan tantas dificultades a los catalanes».

Sobre la ciudad de Alicante, Rajoy puso el acento en desprestigiar los gobiernos de izquierdas nacidos de los pactos -el PP sólo resistió en la Diputación- y defendió en todo momento la tesis de los populares de que en los ejecutivos tiene que estar el partido más votado. Dijo que el anterior alcalde de Alicante no se dedicó a gestionar sino «a perder el tiempo», por lo que pidió al nuevo dirigente y concejales que sean «ejemplares» en la gestión y «demostrar en Alicante que la eficacia es motivo para votar a nuestro partido». «Confiamos en ti y en que no haya pactos de despacho tras las elecciones, porque vamos a ganarlas con mayoría», apuntó ratificando la candidatura de Barcala.

Sin citar ninguno de los casos de corrupción que azotan al PP en la Comunidad, Rajoy sí habló del bloqueo de los presupuestos del Estado, de los que dijo que son «buenos» porque «permiten que ahora se puedan hacer cosas que no podían hacerse con la crisis», sin contestar ni referirse en ningún momento al rosario de críticas que le han llovido en los últimos días de los partidos del Consell del Botànic tras figurar la provincia en el puesto 48 en inversión media por habitante. «Nos tomamos en serio Alicante y la Comunidad», subrayó Rajoy para recordar proyectos ya anunciados en su última visita al aeropuerto de El Altet para conectar Alicante con Murcia y Andalucía o el AVE a Castellón, ya inaugurado. Del Corredor Mediterráneo dijo que es «el proyecto más importante en España y una cuestión de Estado». Y ya, en clave completamente electoral, el presidente del Gobierno avanzó la subida de sueldos a los funcionarios y de las pensiones mínimas en un tres por ciento, «todo en la medida en que podamos generar más empleo».

El escenario del Adda se convirtió en la apertura de la batalla popular hacia 2019, con una figura de mando como la de Rajoy y una «coach» indiscutible para agitar a las masas: la presidenta del PP, Isabel Bonig, que ayer se cargó de energía y volumen de voz para reivindicar que Alicante es del PP porque es un partido que no se ha rendido, que tiró por tierra los gobiernos «tuti fruti» -expresión de José Císcar- en referencia a los pactos de izquierdas que tanto daño han hecho a los populares y que fue la primera fuerza en cargar contra la política lingüística del Consell por su «imposición». Un mensaje al que se suma también la reabierta batalla del agua, para quien tuvo mecha tanto Rajoy como el presidente provincial del PP, José Císcar. Ese será el cuadrilátero de la batalla para la durísima cita electoral de 2019. Inaugurada queda.