El informe de la Síndicatura de Greuges no sólo ha supuesto un quebradero de cabeza para la vicepresidenta de la Generalitat, Mónica Oltra, por su falta de colaboración en la gestión y por la enmienda que supone a su labor en Bienestar Social. La memoria anual de 2017 -entregada el miércoles al presidente de las Cortes, Enric Morera- pone también en la picota nada menos que al primer edil de Elda y presidente de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, el socialista Rubén Alfaro, que encabeza la lista de poblaciones que tienen una peor relación con la institución encargada de la defensa de los derechos de los ciudadanos de la Comunidad. Únicamente la conselleria que dirige Oltra, como desgranó este periódico en su edición de ayer, registra unos niveles más bajos de colaboración, según se desprende de la documentación remitida al parlamento por el Síndic Major, José Cholbi, y sus dos adjuntos, Ángel Luna y Carlos Morenilla.

Llama la atención que sea, precisamente, el principal cargo institucional del municipalismo en toda la Comunidad el que aparezca en un lugar tan destacado de la lista negra de la Sindicatura de Greuges. El informe detalla una relación con trece administraciones que no han contestado ni a las peticiones de información después de varios requerimientos para cotejar las quejas, obligándo a la Sindicatura a dictar resoluciones sin conocer la opinión de la administración denunciada. Como ya se reflejaba en la edición de ayer, esta clasificación la encabeza la conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas dirigida por Mónica Oltra con 133 quejas seguida, precisamente, por el Ayuntamiento de Elda, localidad que el socialista Alfaro gobierna desde 2015, con siete requerimientos de información sin contestar. Es la primera corporación municipal que encabeza este listado en el que también aparecen, entre otros, el gobierno local de Monforte del Cid con tres quejas-; o la entidad tributaria Suma -dependiente de la Diputación de Alicante- con los municipios de Mutxamel y Rojales, que tienen cada uno un trámite de información sin responder, figura en el informe.

La clasificación tiene los mismos protagonistas en sus primeros puestos a raíz de aquellas administraciones que no han dado respuesta a las recomendaciones, sugerencias o recordatorios de deberes legales que realiza la Sindicaltura. Encabeza la lista la conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas con 95 resoluciones seguida del Ayuntamiento de Elda con ocho trámites sin contestación, aunque en tres de ellos la Sindicatura de Greuges recibió la respuesta tras comunicar el cierre. También aparecen en esta lista negra del comisionado para la defensa de los derechos de los ciudadanos, entre otros, la conselleria de Sanidad con dos resoluciones sin respuesta igual que el Ayuntamiento de Orihuela. Educación tiene una queja sin resolver, lo mismo que la conselleria de Vivienda, de nuevo el organismo tributario Suma dependiente de la Diputación de Alicante y los consistorios de Daya Nueva, Torrevieja y Rojales.

Tanto en su comparecencia en las Cortes como en la memoria, el Síndic de Greuges advierte de la idiosincrasia del organismo y de la obligación de colaboración para su correcto funcionamiento: «La peculiar naturaleza de esta institución, cuyas resoluciones no gozan de fuerza para obligar a su cumplimiento, requiere de un elevado grado de colaboración de las administraciones y organismos sujetos a su control. De otra forma, el Síndic puede llegar a ser una voz que clama en el desierto, viéndose obligado a gritar cada vez más fuerte para que sus denuncias alcancen el suficiente grado de notoriedad». El alcalde de Elda y presidente de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, Rubén Alfaro, reconoció que se han producido retrasos y admitió que los datos son «mejorables». Pero a la vez apuntó que a raíz de que conoció la existencia de ese error se ha puesto en marcha un sistema automatizado para que «en el informe del próximo año salgamos correctamente». «Hemos creado un procedimiento estandarizado para dar respuesta a todas las instancias que lleguen desde la Sindicatura», explicó el primer edil. La mayoría de las quejas presentadas en la institución que defiende los derechos de los ciudadanos contra el consistorio eldense las ha presentado el exconcejal César González, antes en UPyD, militante fallido de Cs y ahora en Ciudadanos de Centro.