Una enmienda casi a la totalidad de la gestión de Mónica Oltra con sus políticas de Bienestar Social. La Sindicatura de Greuges, la institución equivalente en la Comunidad Valenciana al Defensor del Pueblo, censura la labor de la vicepresidenta y líder de Compromís. No sólo la coloca en la lista negra por una falta de colaboración que, según el Síndic, genera un «daño considerable al crédito» de la institución sino que, además, considera insuficiente su labor para desastacar la Dependencia, revela demoras en las prestaciones sociales, denuncia los importantes retrasos con los discapacitados y la renta garantizada, destapa la apertura de dos quejas de oficio por el servicio de los puntos de encuentro familiar y pone en duda la política de atención a la infancia y menores. Así se desprende del informe anual correspondiente al ejercicio de 2017 que el Síndic de Greuges, José Cholbi, acompañado de sus adjuntos, Ángel Luna y Carlos Morenilla, entregó ayer al presidente de las Cortes, Enric Morera, que, además, evidencia que, en estos momentos, el conflicto de la Educación -la conselleria contra la que más quejas se registraron- se concentra de forma preferente en la provincia.

«La situación a la que se ha llegado resulta difícilmente sostenible», subraya el informe del Síndic que pone a los pies de los caballos a Mónica Oltra en su relación con el alto comisionado de las Cortes para la defensa de los derechos de los ciudadanos. De las trece administraciones que se han negado a contestar las solicitudes de información tras varios requerimientos, la conselleria de Igualdad lidera la clasificación de entidades «rebeldes» con 133 peticiones sin contestar, una posición que repite como la institución que suma también más negativas a dar respuesta a las sugerencias de la Sindicatura: un total de 95. Pero además, cuando ha contestado, en muchísimos casos lo ha hecho con gran retraso. Por ello, el Síndic de Greuges lamenta que, por vez primera, en un destacado número de expedientes se han tenido que dictar resoluciones sin haber recibido «respuesta alguna» de la conselleria, después de realizar reiterados requerimientos y tras más de cuatro meses de espera, lo que supone un incumplimiento grave de la ley de la Sindicatura.

Durante su comparecencia en las Cortes para detallar el informe, Ángel Luna, adjunto al Síndic y el encargado de fiscalizar la labor de la vicepresidenta, consideró «sorprendente» el comportamiento del departamento de Mónica Oltra por el «elevadísimo número de casos que no ha respondido a la petición de información o lo ha hecho pasados cuatro meses desde que se solicitó». Y también por el «elevado número que no ha respondido a las resoluciones del Síndic». A juicio de Luna, esta situación supone «una falta de colaboración con el Síndic que no favorece para nada el prestigio de la institución». «La fuerza de nuestras resoluciones está en su calidad, en el prestigio público y en el respaldo de las Cortes. Si las propias instituciones no colaboran con el Síndic de Greuges evidentemente el prestigio de la Sindicatura decae», se lamentó Ángel Luna antes de desvelar que han llegado a recibir escritos de ciudadanos que se «lamentan» de que la conselleria, reprobó, no les contesta ni siquiera a ellos. «Podemos caer en el riesgo de convertirnos en una institución que solo clama en el desierto», señala el informe en una advertencia que pone en valor la gravedad de la situación que ahora se conoce.

El adjunto al Síndic, durante su intervención en las Cortes, alertó, en todo caso, de que esta cuestión es «doblemente grave» porque en su mayoría son respuestas «estandarizadas» lo que, a su juicio, «justifica menos, si es que hubiera alguna posibilidad de justificar, que no se conteste en plazo». Explicó que estos retrasos vienen de lejos. Entonces, la Sindicatura ya lo trasladó a la conselleria que, a su vez, alegó falta de medios materiales y personales. Y además justificaba que el proceso se dilatara «en el retraso que tenía a su vez a la hora de recibir los escritos del Síndic». No obstante, consideró Luna que «el problema dejó de serlo» con la llegada de la administración electrónica y, pese a ello, «lejos de arreglarse se viene agravando». De hecho, muchísimos de los expedientes a los que se ha tenido que dar carpetazo por falta de información corresponden a la conselleria que dirige la vicepresidenta Oltra.

El informe de la Sindicatura de Greuges correspondiente al año 2017 no se queda ahí. No deja títere con cabeza sobre la gestión de la líder de Compromís en Bienestar Social. Descontando las quejas orquestadas y de grupo que «hinchan» las estadísticas contra otros departamentos, el negociado de Oltra es el que más procedimientos, todos individuales, ha tramitado: 1.208. Casi toda la labor de la conselleria está en cuestión. ¿Dependencia? Es un «elemento de preocupación», admite el Síndic, que cifra la lista de espera aún en 27.995 solicitudes con una leve mejoría de unas 2.000 personas. El «cuello de botella», advierte la memoria, está en la valoración y en la grabación de solicitudes. ¿Atención a Discapacitados? Demoras de hasta 19 meses en Alicante, la provincia que sale peor parada en esa estadística. ¿Aplicación de la Renta Garantizada de Ciudadanía? Retrasos y más retrasos. ¿Puntos de encuentros familiares? La situación es tan grave que el Síndic de Greuges ha tenido que recurrir a la apertura de dos quejas de oficio, un mecanismo extraordinario. ¿Y atención a la infancia? El Síndic de Greuges, sin ambages, revela que lo que ha ido prometiendo el departamento de Mónica Oltra, ni siquiera se ha empezado a cumplir. Desde la conselleria se aferran, por contra, a que el número de quejas ha descendido un 72% desde 2014.

La memoria anual recoge que en 2017 se registraron 30.136 actuaciones: 17.544 quejas registradas por la institución, 39 abiertas de oficio, y 12.592 a consultas a la Oficina de Atención a la Ciudadanía. Alicante, sede de la Sindicatura, es la provincia que más quejas presenta: un 62%. El 59% de los problemas que investigó el comisionado parlamentario en 2017 están relacionados con la prestación del Estado de Bienestar. Es el ámbito de la Educación el que concentra el mayor número de quejas. Unas 7.700 están dirigidas a la conselleria que dirige Vicent Marzà, de las que un 80% denuncian la supresión unidades concertadas en bachillerato y menos de un 10% su oposición al nuevo modelo lingüístico. Siete de cada de diez trámites se concentran en la provincia, lo que acota el debate educativo casi en exclusiva a Alicante aunque muchas de esas quejas son de «grupo», localizadas e impulsadas por los mismos promotores, lo que según el informe evidencia que no se ha extendido la conflictividad. De hecho, la mitad -unas 3.500- han sido presentadas desde la ciudad de Alcoy por el rechazo a que se limite la educación concertada. Sumadas las quejas registradas en Bienestar Social y Educación junto a las de Medio Ambiente, cerca de 3.000, el Síndic ha tramitado más procedimientos que cuestionan la labor de los consellers de Compromís.