n Junto a las quejas de «grupo» en Educación y a la censura a la gestión de la vicepresidenta Mónica Oltra en Bienestar Social, otro gran foco de quejas ciudadanas tramitadas por la Sindicatura de Greuges en 2017 está vinculado con la conselleria de Sanidad, departamento que dirige la socialista Carmen Montón. El alto comisionado de las Cortes para la defensa de los derechos de los ciudadanos ha tramitado más de dos mil procedimientos vinculados con la labor de la principal área bajo mando del PSPV. Junto al análisis de todas las quejas, el informe de la Sindicatura es muy claro sobre uno de los principales problemas que arrastra el sistema sanitario valenciano: la demora que se produce en la atención a los pacientes.

La memoria anual de la Sindicatura, que rechaza de plano la resolución del Tribunal Constitucional contra el decreto del Consell que garantizaba un trato universal para todas las personas, considera que la «atención sanitaria ha de prestarse como garante indispensable de la dignidad humana». Para ello, insiste el informe, resulta imprescindible que esa atención se desarrolle de acuerdo con los principios de «celeridad y eficacia, ofreciendo a las personas que se encuentran pasando por circunstancias difíciles el trato más adecuado y todas las explicaciones necesarias sobre la evolución de sus tratamientos». A este respecto y en el contexto de la tramitación de diferentes quejas que recoge el Síndic de Greuges en su repaso a la gestión de la Generalitat en 2017, asegura que «hemos exhortado a la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública a que adopte, de la forma más rápida posible, cuantas medidas organizativas fueren necesarias para la reducción de las listas de espera sanitarias». Una solicitud con la que el comisionado parlamentario viene a dar la razón, de alguna manera, a las críticas lanzadas desde el grupo parlamentario del PP sobre este asunto.

Llama la atención, como así recoge el informe, la preocupación que han generado dos asuntos vinculados a cuestiones que tuvieron su epicentro en la provincia. El Síndic de Greuges ha registrado, a raíz de denuncias que se produjeron después de que se registraran casos en Alicante, cerca de 1.200 quejas en las que se reclama la instalación de desfibriladores en los centros deportivos durante el desarrollo de campeonatos infantiles o escolares. Tanto la conselleria de Sanidad como también Educación aceptaron la recomendación de la Sindicatura. Y también se ha tramitado un gran paquete de quejas sobre el futuro de la Isla de Tabarca y sobre dos aspectos concretos: el tratamiento de las aguas residuales y la posibilidad de instaurar un transporte regular y de carácter público.