El grupo parlamentario popular no tiene previsto adoptar ninguna medida contra el senador valenciano Pedro Agramunt, cuya salida de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa solicitó ayer este organismo, a la espera de que se resuelva su caso en el propio organismo europeo a raíz de las sospechas de corrupción que le afectan. Fuentes del PP en el Senado se han remitido además a una nota en la cual el secretario ejecutivo de Relaciones Internacionales de la cúpula nacional, José Ramón García-Hernández, hizo hincapié en que la resolución de la Asamblea que invita a Agramunt a dejar la institución «no tiene consecuencias jurídicas».
El dirigente del PP recuerda que la iniciativa ha sido respaldada sólo por 123 votos a favor y nueve en contra de los 324 miembros del Consejo de Europa, sin que su aprobación tenga repercusión jurídica alguna. Y ello porque las sanciones que puede adoptar el Comité de Reglas de la institución «son de orden interno» tales como impedir a un miembro presidir una comisión o vetarlo para ser nombrado observador. «Pero no puede cesar de sus funciones a ningún parlamentario», subraya el popular García-Hernández.
Añade que el procedimiento interno del Consejo Europa exige que Pedro Agramunt y los otros cuatro afectados por el informe encargado a una comisión de investigación sobre corrupción puedan «dar su versión de los hechos». El senador valenciano del PP lo podrá hacer en la reunión que el Comité de Reglas celebrará en París en el mes de mayo.
La resolución aprobada recuerda a Agramunt, al catalán Jordi Xuclà, del PDeCAT y a otros tres miembros de la APCE investigados por corrupción «el principio de responsabilidad política individual, que incluye la posibilidad, para los cargos electos, de devolver sus actas». A Agramunt se le acusa, incluso, de intentos de soborno con prostitutas.
