La firma ligada a la presunta financiación ilegal de PSPV y Bloc en las elecciones de 2007, Crespo Gomar SL, recurrió a la «técnica Gürtel» en varios contratos del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. La «técnica Gürtel» consiste en realizar concursos paripé en los que tres empresas «amigas» presentan ofertas para que haya un claro «caballo ganador» en una licitación pública. En este caso Crespo Gomar SL.
Es lo que sucedió en los contratos de servicios de comunicación de la plantas desalinizadoras de Dénia y Torrevieja convocados en 2007, adjudicados a Crespo Gomar SL por la empresa Acuamed por 205.000 euros (IVA no incluido) en el caso de Dénia y a Publicaciones Miracasa SL (relacionada con Crespo Gomar SL), por 200.000 euros (IVA no incluido).
Según recoge el auto del juzgado de Instrucción 21 de València, «se puede observar cómo se presentaron al concurso [de la comunicación sobre las desaladoras] empresas del mismo grupo, quienes omitieron dicha circunstancia (pese a estar obligadas a ello), con una clara limitación del principio de concurrencia pública».
En esta licitación concurrieron junto a Crespo Gomar SL, «licitadores como L y C Estudio Fotográfico SL, empresa vinculada con aquella, y Publicaciones Miracasa», también ligada a la primera.
Según el Registro Mercantil, L y C Estudio Fotográfico es una microempresa dedicada a «actividades de fotografía» creada el 10 de marzo de 1993. En esta mercantil figuraba como administrador solidario hasta 2014 Alberto Gomar Pascual, uno de los propietarios de Crespo Gomar SL, e hijo de Antoni Gomar, exteniente de alcalde socialista de Gandía.
Publicaciones Miracasa también está ligada a la firma Media Mira Group SL, que tenía como administradora única a Gomar Comunicación SL. Ninguna de estas relaciones mercantiles se notificó a los licitadores, recoge el auto.
Además, el peritaje encargado por la jueza a la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) también detectó irregularidades en éstas y otras adjudicaciones a Crespo Gomar SL.
En el caso concreto de las de las desalinizadoras de Dénia y Torrevieja, el interventor detectó que días después de estas adjudicaciones realizadas en 2007 se sacaron a concurso otros contratos relacionadas con la publicidad por 60.000 euros, lo que revela «un fraccionamiento de la contratación con el claro objetivo de obviar el cumplimiento de la ley de contratos ya que debieron ser licitados conjuntamente al tratarse de acciones comunicativas sobre las bondades de las desalinizaoras», ya que al sumar todos los contratos se superaba el límite legal de 211.000 euros.
Se da la circunstancia de que en la contratación del servicio de organización de eventos y gestión de un local por 60.000 euros «también se presentaron empresas vinculadas a Crespo Gomar SL como Silvia García SL, a quien se le adjudicó uno de ellos», recoge el auto. Sin embargo, debido al tiempo transcurrido, ninguna de estas contrataciones será investigada judicialmente.
