Dos funcionarios de la provincia de Alicante han solicitado el amparo de la Agencia Valenciana de Protección y Lucha contra el Fraude tras denunciar prácticas corruptas en sus respectivos ayuntamientos. Una de las solicitudes, realizada por el secretario del Ayuntamiento de Benitatxell, se produjo en 2017, mientras que la segunda, presentada por un trabajador de Benidorm, se solicitó este mismo año. La agencia ha concedido a ambos funcionarios el estatuto de persona denunciante, una figura no jurídica que supone la protección de la agencia a la hora de velar por las posibles represalias que los denunciantes puedan tener de sus superiores por dar el «chivatazo».

Así lo confirmaron ayer fuentes de la Agencia Valenciana contra el Fraude, que explicaron que en ambos casos se trata de denuncias judicializadas y comprobadas por este organismo para ratificar su veracidad. En total, este organismo ha recibido nueve solicitudes de protección por parte de técnicos y funcionarios desde que se puso en marcha hace ahora año y medio.

En el caso de Benitatxell, el secretario denunció la falsificación de su firma en pagos de obras municipales por medio millón de euros. La causa judicial está ya pendiente de la vista oral. Por su parte, el funcionario de Benidorm alertó de irregularidades en los trabajos en beneficio de la comunidad que prestaban personas condenadas a realizarlos en el cementerio municipal. El trabajador denunció supuestos abusos de otros funcionarios a estos condenados que cumplían su pena con trabajos en beneficio de la comunidad.

El estatuto de denunciante concedido por la Agencia Antifraude vigila cualquier acto de represalia que pueda perturbar la vida profesional o laboral del funcionario. La agencia puede adoptar «acciones correctoras» si se le persigue o se empeoran sus condiciones laborales o profesionales y puede poner multas de hasta 400.000 euros, aunque hasta el momento no ha aplicado ninguna. La agencia ha puesto a disposición de ambos funcionarios alicantinos asesoramiento jurídico.

Este organismo, creado con el nuevo Consell de Ximo Puig y Mónica Oltra y que dirige el abogado que destapó el caso Palau en Cataluña, Joan Llinares, lleva funcionando año y medio. Pero está a medio gas todavía y no cuenta con todos los medios necesarios. Así lo dio a conocer ayer su máximo responsable en una comparecencia en la Comisión de Economía, Presupuestos y Hacienda de las Cortes Valencianas durante la primera memoria que se ha realizado de este organismo.

Su director consideró ayer que hay que hacer «real y efectiva la independencia y profesionalidad de las personas integrantes de las estructuras relacionadas con los procedimientos de contratación pública garantizando la ausencia de conflictos de interés, reduciendo los márgenes de discrecionalidad y valoraciones subjetivas en los procesos y asegurando la objetividad y la transparencia en la toma de decisiones». Durante más de tres horas de intervención, Llinares concretó que la agencia recibió en 2017 un total de 35 denuncias y que no ha abordado ningún asunto de oficio. Admitió que se deberá esperar a «estar a pleno rendimiento» para abrir investigaciones sin que medie denuncia. La mayoría de alertas han llegado por correo electrónico. Solo cinco denuncias llegaron vía el registro de la agencia mientras que seis se hicieron de forma presencial.

Las condiciones del organismo no han sido del todo buenas hasta el momento. Ni siquiera tiene sede oficial. Ayer, Llinares propuso los locales decomisados a la trama de Cooperación para albergar las instalaciones de la agencia. Sobre el presupuesto de 1,5 millones de euros que las Cortes asignaron al organismo explicó que fue «imposible» de ejecutar y apenas ha podido gastar un 10%, por lo que el resto «regresó» a las arcas autonómicas.

En contacto con Anticorrupción

El director de la Agencia Antifraude del Consell ha iniciado, por otro lado, contactos con los fiscales Anticorrupción de la provincia de Alicante y ha habido reuniones entre ellos, según ha podido saber este periódico.