La mejora de la situación económica tras la grave crisis económica que arrancó en 2007 no la ha notado todo el mundo por igual: la provincia es una de las más afectadas por el impacto de la recesión, con niveles de pobreza del 22% superiores a la media de la Comunidad Valenciana y con un efecto directo sobre la estabilidad en el acceso a la vivienda. Así lo recoge un informe extraordinario de la Sindicatura de Greuges, remitido esta semana a las Cortes y que pone el foco sobre la situación en la que se encuentra el parque público de viviendas destinado a la atención de los colectivos más vulnerables y en riesgo de exclusión social. Y las conclusiones, desde luego, no pueden ser más inquietantes. La recuperación de la macroeconomía, a diferencia de lo que se podría pensar, no sólo no ha supuesto un alivio para las familias -aún hay amplias capas sociales que malviven en precario- sino que, además, en el caso de que volviera a producirse una nueva recesión, los indicadores en negativo se dispararían de nuevo.
Esa es la alerta que lanza el análisis sobre la situación de la vivienda pública en la Comunidad Valenciana. Analiza el periodo que va entre los años 2005 a 2015 a partir de la información de la Entitat Valenciana de l'Habitatge i Sòl , de los municipios y del Instituto Nacional de Estadística. El estudio, coordinado por Ángel Luna -adjunto primero al Síndic de Greuges- y en el que ha participado el Instituto de Economía Internacional de la Universidad de Alicante dirigido por Paloma Taltavull, surge de la necesidad de revisar el impacto de la vivienda como generador de pobreza en la Comunidad y teniendo en cuenta que el acceso a un alojamiento digno -derecho protegido por la Constitución- sigue siendo una de las principales preocupaciones de la sociedad valenciana. La Sindicatura de Greuges, de hecho, recibe unas 150 quejas anuales.
La memoria elaborada por el alto comisionado de las Cortes para la defensa de los derechos de los ciudadanos cuantifica el parque de vivienda pública de la Comunidad en unas 66.000 unidades, de las cuales el 94% ya están ocupadas. Unas 3.500 se encuentran vacías, 2.130 no se pueden utilizar por ocupaciones ilegales y 1.150 aguardan una rehabilitación. El informe de la Sindicatura estima que en 7.100 los hogares de toda la Comunidad que se encuentran en el límite de pobreza. Es decir, que tienen que asumir unos gastos para poder mantener sus viviendas excesivos en función de la renta que ingresan. Eso supone que, en estos momentos, el déficit de viviendas públicas para demandas de urgencia se situaría en las 3.700. Una carencia que afecta, especialmente, a la ciudad de Alicante y también al área de València. No se ha solucionado el problema que, incluso, podría llegar a empeorar. En el supuesto de que se produjera una contracción del ciclo económico, la necesidad de casas protegidas para atender a familias en dificultades se podría elevar hasta las 20.000, evidencia de que, a pesar de todo, muchas familias siguen al límite pese a la mejora.
El estudio de la Sindicatura de Greuges revela que el impacto de la crisis sobre la pobreza ha sido mucho más severo en la Comunidad Valenciana que en el resto de España. Una situación asociada a la pérdida de ingresos para las familias y a la incapacidad, por tanto y como subraya el informe de cubrir las necesidades fundamentales de los gastos del día a día de las casas. Pero es que, además, vuelve a ser Alicante la que sale peor parada en las estadísticas. Acumula una proporción de hogares en situación de pobreza que llega al 22%, el peor dato de toda la Comunidad, según los últimos datos del informe. Superior en cerca de cinco puntos a la media autonómica y a la de la provincia de València y casi el doble de los números que registra Castellón, donde sí se ha producido una mejora ostensible en los últimos 4 años, de acuerdo siempre al detallado informe registrado en las Cortes esta semana.
En síntesis: Alicante es una de las zonas más afectadas por la falta de vivienda pública, en las que por extensión se pueden producir más problemas en el supuesto de una nueva recesión y que, además, está más expuesta a ese escenario de crisis por el alto porcentajes de hogares pobres. Todo ese panorama como resultado de estos niveles de empobrecimiento y desajustes económicos, contribuyó a que parte de esas familias que más han sufrido la crisis, según constata el informe, se vieran afectadas por desahucios, lanzamientos o dación en pago de sus viviendas. Ese escenario vinculado a los problemas de las familias que deben asumir costes muy altos para mantener sus viviendas se ha traducido en una variación de las fórmulas por las que se accede a una vivienda. Se han reducido los hogares en propiedad mientras que, por contra, han aumentado los que tienen que pagar por el uso -rehipotecas o cambios- o acceder a través de un régimen de alquileres.
