El empresario Alberto Gomar, propietario de Crespo-Gomar, la agencia de comunicación investigada como parte de una presunta trama de financiación ilegal del PSPV y el Bloc en la campaña electoral de 2007, también trabajó para ayuntamientos gobernados por el PP. Entre ellos, los de Gandia y Dénia en las etapas en las que eran alcaldes Arturo Torró y Ana Kringe. Durante la pasada legislatura, con los populares gobernando con mayoría absoluta en la capital de la Safor, Ossido Comunicación, empresa sucesora de Crespo-Gomar, facturó 1,3 millones de euros entre enero del año 2013 y mayo del 2015.
La gran mayoría de estos gastos pasaron por la empresa pública, IPG, ya liquidada y que fue el instrumento que utilizó el gobierno popular de Gandia para poder gastar ingentes cantidades de dinero escapando del control de la oposición. Muchos de los contratos fueron adjudicados de forma directa. Algunas fuentes apuntan a que podría haber más facturas, pero recuerdan que toda la contabilidad de IPG anterior a 2013 desapareció con el 'misterioso' robo de dos ordenadores de la sede de la empresa.
Entre el listado de facturas aparecen hasta tres pagos por idéntica cantidad, 242.000 euros, para, entre otros conceptos, la inserción de anuncios publicitarios en medios de comunicación o la «organización, realización y gestión de la campaña de dinamización del 'Centre Històric Experimental (CHE)'». Esta última iniciativa pretendía implantar un nuevo sistema de gestión mediante la colaboración público-privada para la zona más comercial de Gandia, un proyecto que no se llegó a materializar. Otra partida que el ejecutivo gandiense del PP pagó a la nueva firma de Gomar, en este caso en 2013, fueron 198.440 euros por la organización y gestión de eventos de turismo.
El exalcalde de Gandia, Arturo Torró, explicó que trabajó con la nueva firma de Alberto Gomar durante su mandato porque «es una empresa muy respetable y de primer nivel y no tiene ni una mancha». Quiso dejar claro que todas las facturas «están revisadas, pasadas por intervención y perfectamente justificadas». Dijo que «si fuera alcalde de Gandia de nuevo, volvería a contratar con esta empresa, como lo hace también el PSOE de la alcaldesa Diana Morant actualmente, porque son «grandes profesionales». El exalcalde volvió a negar que conociera la documentación que sirvió para iniciar la investigación, pese a que dirigentes del PSPV y el Bloc de Gandia indicaron que les amenazó con sacarla a la luz.
En el caso de Dénia, el contrato se realizó aún con Crespo-Gomar. Fue en 2009. Durante el mandato de Ana Kringe, se puso en marcha un proyecto titulado Dénia Futur, destinado a la rehabilitación de espacios urbanos con una inversión de fondos Feder de la Unión Europea. Dénia recibió una ayuda de 4,6 millones.
Los requisitos para optar a esta subvención incluían el desarrollo de un Plan de Comunicación. Este servicio fue entregado a la agencia Crespo-Gomar el 30 de septiembre de 2009 mediante un concurso público (al que también se presentó una empresa local que quedó segunda), según los documentos consultados. El contrato se adjudicó por un valor de 290.000 euros, con el IVA incluido.
A principios de diciembre de ese mismo año se presentaba el proyecto. En aquel acto estuvo Pepe Crespo, publicista y uno de los socios de la empresa cuya relación con socialistas y nacionalistas se investiga. Entre otras iniciativas presentó una página web que contendría toda la información del proyecto urbanístico y que actualmente ya no funciona. Crespo-Gomar no solo se adjudicó contratos con ayuntamientos, también elaboró campañas para varios ministerios del Gobierno de Zapatero.
Con la crisis, esta firma radicada en Gandia se extinguió. En 2013, Alberto Gomar se hace cargo de una nueva sociedad, según los datos que aparecen en el Registro Mercantil, ostentando el cargo de administrador único. Ya sin su anterior socio, retoma la actividad publicitaria que aún hoy sigue ejerciendo con normalidad y ha realizado trabajos para el actual gobierno de Gandia de Diana Morant, entre otros.
El PP se persona en la causa
El PPCV se ha personado en la causa sobre la presunta trama de financiación irregular que afecta al PSPV y al Bloc para, según indicaron ayer a través de un comunicado, conocer el alcance de las prácticas que investigan diferentes juzgados y «poder llegar hasta las últimas consecuencias».
Para la secretaria general del partido, Eva Ortiz, el auto que el viernes archivaba el caso al considerar que ya está prescrito y se inhibió en favor de otros cuatro juzgados, «no deja espacio para la alegría o el alivio, sino para la preocupación». Ortiz, recuerda que el auto «habla de irregularidades prácticamente en la totalidad de los expedientes de contratación que podrían ser constitutivos de infracción penal, habla de financiación irregular, de falsedad documental con carácter continuado, de contrataciones con ministerios y habla de citaciones inminentes a miembros de estas formaciones».
