La decisión de la Conselleria de Educación de licitar, tal como hacía el gobierno del PP, el servicio de revisión, control y justificación de las solicitudes de becas acabó ayer en bronca en la mesa sectorial de la Función Pública. El asunto no se había incluido en el orden del día, pero Comisiones Obreras aprovechó para sacarlo en el turno de ruegos y preguntas y echar en cara al Consell la privatización de la gestión de las becas en el departamento de Vicent Marzà. El asunto tiene en pie de guerra a los sindicatos (CC OO, la Federación de Servicios a la Ciudadanía y la Federació d'Ensenyament quieren ir a los tribunales) ya que entienden que estas funciones tienen que realizarlas funcionarios.
Además, consideran que esta licitación va en contra de los compromisos del Botànic de acabar con las externalizaciones y supone abrir la veda para que otras conselleries recurran a una práctica que ya se generalizó en la etapa popular y tuvo desastrosas consecuencias para la Generalitat. Es más, advierten de que puede tener consecuencias jurídicas.
Así se lo hicieron ver los sindicatos a los responsables del Consell en una reunión que acabó subida de tono y en la que estaban presentes todas las conselleries a través de los subsecretarios. De hecho, los delegados de la FSP-UGT llegaron a abandonar la sala como protesta ante lo que consideran una falta de respeto. Según testigos, el responsable del sector autonómico, Gonzalo Fernández, llegó a encararse con el secretario autonómico de Función Pública, Ferran Puchades, al que acusó de «sectarismo» por amparar la medidas de su compañero de partido, el conseller Marzà.
Al margen del rifirrafe, la cuestión de fondo ha puesto en pie de guerra a los sindicatos, ya que temen que el ejemplo se extienda. Tal como informó este diario, Educación justificó la licitación en la necesidad de dar salida a la solicitudes de becas que afectan a más de 250.000 familias valencianas. Se trata de un contrato por acumulación de tareas para grabar los datos en los ordenadores que se licita cada cuatro años desde 2005. La conselleria sostiene que sin este personal extra sería imposible resolver las becas a tiempo.
Sin embargo, problemas similares al de Educación ocurren en otros departamentos. En Igualdad y Políticas Inclusivas existe un tapón heredado de expedientes en ayuda a la dependencia. La gestión estaba en manos externas y la propuesta de la conselleria es crear puestos de funcionarios y derivar la gestión a los ayuntamientos. Allí donde se mire hay problemas de falta de manos. Vivienda, Medio Ambiente, etc, tienen montañas de expedientes por resolver y las mismas limitaciones para incrementar el capítulo 1.
La creación de nuevos puestos de trabajo públicos o la contratación de interinos está limitada por Hacienda. Y cada conselleria se busca literalmente la vida.
Moneda común con el PP
Con los gobiernos del PP, la externalización llegó a ser moneda común. El gasto se hacía a cargo del capítulo 2 y cientos de personas ajenas a la administración ocupaban espacios y recursos de la Generalitat y tenían acceso a datos confidenciales. La izquierda y la mayoría de los sindicatos fueron muy beligerantes contra estas contrataciones y con el cambio de Gobierno el criterio que adoptó el Botànic fue no renovar los concursos.
Los sindicatos ya estaban molestos con la decisión de Marzà de privatizar el servicio de traductores, pero la nueva licitación ha hecho saltar las alarmas.
Soledad Fernández, de la Federació de CC OO, dijo ayer en declaraciones a este diario que considera una contradicción que, por un lado, se revierta un servicio público como el hospital de Alzira y por otro se sigan externalizando servicios.
Fernández indicó que hay alternativas y que en los casos de acumulación de tareas se puede acudir a la contratación de interinos. CC OO avisa que la licitación puede traer consecuencias ya que un tribunal puede considerarlo fraude de ley o, llegado el caso, cesión ilegal de trabajadores. Recordó que la ley de presupuestos del Estado advierte de la posible responsabilidad de quienes con su firma den pie a que una persona contratada pueda acabar siendo indefinido no fijo.
Durante la etapa popular, se sucedieron las reclamaciones de trabajadores contratados por empresas privadas pero que trabajaban como si fueran funcionarios. Muchos ganaron su derecho a quedarse.
