El Juzgado de Instrucción 21 de València y la Fiscalía Anticorrupción han decidido considerar prescrito el presunto delito electoral cometido por PSPV-PSOE y Bloc a pesar de constatar que cuatro empresas pagaron 255.140 euros a la empresa Crespo Gomar SL, responsable de los actos electorales de ambos partidos durante las elecciones autonómicas y municipales de 2007.
La documentación aportada por el coordinador general del grupo parlamentario popular en las Corts, José Císcar, al grupo de blanqueo de capitales de la Policía Judicial el 22 de noviembre de 2016, que realizó un informe, desvelaba que «indiciariamente nos podríamos encontrar ante unos hechos de financiación irregular de dos formaciones políticas: PSPV-PSOE y Bloc-Compromís, además de hechos constitutivos de falsedad documental con carácter continuado», señala el auto del juzgado de Instrucción 21, adelantado ayer por El Mundo y la Cadena Ser.
La operativa que desvelaba la documentación aportada por el PP y analizada por la policía consistía en que la empresa de Gandia Crespo Gomar SL «facturaría unos servicios a dichas formaciones políticas durante la campaña electoral de 2007, de cuyo pago se habrían hecho cargo otras empresas y no los destinatarios de los servicios prestados mediante la confección de facturas falsas, coincidentes en su cuantía con las presentadas por Crespo Gomar, siendo precisamente esta última mercantil la que facturaría a las terceras por servicios no prestados».
Las empresas a las que Crespo Gomar SL facturó por servicios ficticios un total de 255.140 euros, supuestamente destinados a pagar la campaña electoral de PSPV y Bloc en 2007, fueron Hospimar 2000 SL (29.580 euros), Quick Meals Iberica SA (6.960 euros), Construcciones Blauverd SL (218.600 euros) y Centro Comercial y de Ocio La Vital (46.400 euros).
La investigación policial y judicial confirmó a través de la Agencia Tributaria las relaciones comerciales entre Crespo Gomar SL, Hospimar SL y Quick Meals Ibérica SA, según detalla el auto.
La información fiscal también reveló la «relación existente entre Crespo Gomar SL y el PSPV-PSOE» ya que la formación política pagó a la consultora de comunicación con sede en Gandia un total de 79.683 euros en 2007 y 325.094 euros en 2008. Unos años en los que Crespo Gomar también recibía contratos de los ministerios de Sanidad y Vivienda, entonces gobernados por los socialistas, con José Luis Rodríguez Zapatero al frente, por valor de casi un millón de euros.
La investigación judicial también ha puesto el foco en la empresa Opino Media SL, «muy ligada a Crespo Gomar y el PSOE», y en la que eran socios uno de los propietarios de Crespo Gomar, Alberto Gomar, y Josep Ramon Tíller, actual director de expansión internacional de Egevasa y exgerente de Imelsa que también fue jefe de gabinete de los alcaldes de Gandia Pepa Frau y José Manuel Orengo, y diputado en las Corts por el PSPV-PSOE de 1991 a 1995. Opino Media fue adjudicataria de la instalación del polémico opinómetro en Benidorm e hizo las pruebas piloto de este aparato en Gandia.
A la vista de estas múltiples contrataciones con las administraciones públicas, la titular del juzgado de Instrucción 21 de València, Nieves Molina, encargó a la Intervención General del Estado un informe sobre los expedientes de contratación con la empresa Crespo Gomar SL y Opino Media SL «para analizar las posibles irregularidades o ilegalidades en la tramitación de expedientes, ante el posible trato de favor que pudieran haber recibido como pago a las irregularidades a las que habría accedido Crespo Gomar».
Tras un año de pesquisas, la jueza dictaminó, con el visto bueno de la Fiscalía Anticorrupción, que «los hechos relacionados con la financiación irregular de formaciones políticas estarían prescritos», además de añadir que «en el estado actual de la investigación, se puede afirmar la inexistencia de conexión de los hechos indiciariamente ilícitos con el partido judicial de València».
De ahí que la jueza se inhibiera en favor de dos juzgados de Madrid (para que analicen los contratos con los ministerios de Sanidad y Vivienda), uno de Gandia (para que investigue una subvención para adquirir una vivienda de la Federación Valenciana de Fútbol por el Ayuntamiento de Gandia) y otro de Benidorm (para indagar sobre el contrato de los opinómetros).
