No fue ayer un buen día para la Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas. Las dos propuestas que se llevaron a la mesa sectorial de Función Pública (el decreto para pagar la carrera profesional a los interinos y la orden de bolsas de trabajo) no fueron respaldados por ninguno de los sindicatos presentes. La conselleria no necesita este apoyo para acordar ambas medidas, pero no es precisamente empezar con buen pie ya que se trata de normativa importante que afecta sobre todo al personal interino.

La conselleria, tal como había anunciado, llevó a la mesa el nuevo decreto de carrera con el que se pretende dar cumplimiento a la sentencia del Supremo que obliga a la Generalitat a extender al personal temporal el plus retributivo que en 2015 se pagó a los funcionarios de carrera. Tal como ha informado este diario, el retraso en el cumplimiento de este fallo ha dado lugar a una providencia en la que se daba un ultimátum al Consell para cumplir.

Tras el visto bueno de Hacienda, la conselleria que dirige Gabriela Bravo convocó con urgencia a los sindicatos. Sin embargo, el texto, que tendrá un impacto presupuestario de 17 millones de euros, no convence a los representantes de los trabajadores porque creen que no da cobertura a todos los derechos adquiridos.

Tampoco hubo acuerdo en la orden para la configuración de las bolsas de empleo temporal. La norma cambia los criterios que había hasta ahora, de tal manera que aquellas personas que hayan aprobado un examen de una oposición tendrá proporcionalmente más puntos que un interino de larga duración. Los sindicatos piensan que en la práctica esto supone que los interinos, ahora los primeros en la lista, quedarán los últimos y por lo tanto, no podrán seguir trabajando.

La orden, como informó este diario, cierra la puerta a las contrataciones de urgencia, una gatera que el PP dejó abierta y que permitía la contratación de personas ajenas a la bolsa.