La Intervención del Estado ve irregulares las adjudicaciones del PSOE a Crespo Gomar

Tras estudiar una denuncia del diputado del PP y ex vicepresidente de la Generalitat, José Císcar, la jueza que se hizo cargo de la investigación -la misma encargada del caso del accidente de metro de 2006- vio indicios de financiación irregular, falsedad continuada, malversación y prevaricación.

Por este motivo, en un auto que ha hecho público hoy la Cadena SER -fechado el pasado mes enero- la titular de Instrucción 21 acordó la inhibición de la investigación en favor de los juzgados de Madrid, Benidorm y Gandia, si bien, a juicio del fiscal, los posibles delitos de financiación ilegal estarían prescritos.

La magistrada encargó un informe a la Intervención General del Estado que constató irregularidades en expedientes de contratación adjudicados a Crespo Gomar desde el Ayuntamiento de Benidorm en 2010, el Ministerio de Vivienda en 2009 o el de Medio Ambiente en 2007, en todos los casos desde administraciones controladas por el PSOE.

La jueza considera que "indiciariamente nos podríamos encontrar ante unos hechos de financiación irregular de dos formaciones políticas: PSPV-PSOE y Bloc-Compromís, además de hechos constitutivos de falsedad documental con carácter continuado, prevaricación y/o malversación.

"Para lograr el fin conseguido, la mercantil Crespo Gomar facturaría unos servicios a dichas formaciones políticas durante la campaña electoral del año 2007, de cuyo pago se habrían hecho cargo otras empresas y no los destinatarios de los servicios mediante la confección de facturas falsas, coincidentes en sus cuantías con las presentadas por Crespo Gomar", añade el auto.

En la documentación aportada a la causa aparecen las mercantiles Hospimar 2000, Quick Meals Ibérica, Construcciones Blauverd y Centro Comercial y de Ocio La Vital, a través de Metrovacesa, como firmas que supuestamente se hicieron cargos de facturas por servicios prestados a los citados partidos.

La jueza expone además en su escrito que el PSPV-PSOE abonó a Crespo Gomar 79.663 euros en 2007 y 325.094 en 2008, y que esta misma firma recibió, al menos, contratos por 184.138 euros en 2008 por parte del Ministerio de Sanidad, por 126.208 desde el Ministerio de Vivienda y 159.362 euros desde el Ayuntamiento de Gandia.

En 2009, y desde esta misma administración local, Crespo Gomar fue adjudicataria de servicios por 104.737 euros, y en 2010 por importe de 103.672 euros.

Además, cita otros posibles contratos en los que pudo resultar favorecida esta firma, a través de la excandidata a la alcaldía de Alicante Etelvina Andreu, posteriormente designada directora general de Consumo por el entonces ministro de Sanidad, Bernat Soria, con quien trabajó en el equipo científico que éste dirigía en la Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH).

La mayor de estas adjudicaciones -aunque no recogida en este auto- desde Consumo fue de 2.077.678 euros, si bien Crespo Gomar también resultó adjudicataria de servicios de comunicación para el ministerio de Medio Ambiente -entonces dirigido por Cristina Narbona- (a través de Acuamed, Aguas del Júcar y la Confederación Hidrográfica del Júcar) por 2,7 millones de euros entre 2008 y 2009.

La jueza relata además cómo las indagaciones policiales han puesto de relieve las relaciones ente el PSPV y Crespo Gomar, cuyo gerente es Alberto Gomar, hijo del que fue teniente de alcalde del Ayuntamiento de Gandia Antonio Gomar bajo la alcaldía de José Manuel Orengo, actualmente asesor de Ximo Puig en Presidencia de la Generalitat.

Igualmente, expone que Alberto Gomar creó la mercantil Opino Media, de la que posteriormente se encargó José Ramón Tiller, actual adjunto a la gerencia de Egevasa, empresa pública mixta de la Diputación de València, que ocupó puestos destacados en los gabinetes del expresident de la Generalitat Joan Lerm, de Orengo y de la exalcaldesa socialista de Gandia Pepa Frau.

Opino Media fue adjudicataria de dos contratos para la instalación de "opinómetros" en Gandia y Benidorm en 2009 y 2010, respectivamente, que también están bajo el foco judicial.

Se investiga asimismo la adquisición de un inmueble en Gandia por parte de la Federación Valenciana de Fútbol en 2009 por 525.000 euros, una operación que fue subvencionada al 50 % por el Ayuntamiento de Gandia.

Dicho inmueble pertenecía a Antonio Gomar, pero en 2006 se vendió por 280.000 euros a la mercantil Mora Gomar, administrada por el esposo de una hija de Antonio Gomar, Joaquín Mora, que lo vendió finalmente a la Federación Valenciana de Fútbol por casi el doble de lo que le costó tres años antes.

Respecto a esta operación, la jueza indica que "queda pendiente la práctica de la tasación pericial del inmueble y la entrega del expediente administrativo de la subvención".

El PP pide la comparecencia de Puig en las Corts para explicar la presunta financiación ilegal y que anule su viaje a China

El Grupo parlamentario del PP en Les Corts Valencianes ha registrado este viernes una solicitud de comparecencia "urgente e inmediata" para que el presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, dé explicaciones en sede parlamentaria sobre la presunta financiación irregular del PSPV y Bloc, partido mayoritario de Compromís, en 2007 y cómo esta situación "puede afectar al gobierno valenciano".

Asimismo, le va a remitir una carta al jefe del Consell para que suspenda su viaje a China --que tiene previsto realizar esta próxima semana-- "para huir de Les Corts". "Estamos ya cansados de la huidas de Puig para no dar cuenta de aquellos problemas que afectan a la sociedad valenciana", ha remarcado el diputado 'popular' Rubén Ibáñez ante los medios de comunicación.

El representante 'popular' ha realizado estas declaraciones tras la publicación este viernes --en la Cadena Ser y el diario 'El Mundo'-- del contenido del auto por el que la titular del juzgado de instrucción número 21 de València se inhibió en enero en juzgados de Gandia, Benidorm y Madrid para que continuaran la investigación sobre los presuntos "hechos de financiación irregular de dos formaciones políticas: PSPV-PSOE y Bloc-Compromís".

Císcar aportó la documentación

El auto señala que "conforme al contenido del informe-análisis policial de la documentación que fue aportada, indiciariamente nos podríamos encontrar ante unos hechos de financiación irregular" de esta formaciones políticas, al tiempo que revela que fue el actual presidente provincial del PP en la provincia de Alicante, José Ciscar, quien aportó la documentación que dio origen a la investigación.

Al respecto, Rubén Ibáñez ha declarado ante los medios: "Hoy conocemos que PSPV y Compromís mientras en el Gobierno de España se creaban parados, estaban mordiendo de empresas públicas. Hoy conocemos cómo se alimentaban de los ministerios mientras supuestamente venían inversiones a nuestra comunidad y cómo Compromís nació con la B del Bloc y cómo la B del Botànic nació hace muchos años", ha subrayado.

A su juicio, que un juez "vea indicios de presunta financiación por parte del PSPV y Compromís no es un paso más, sino un paso importantísimo", por lo que ha incidido en la necesidad de que en sede parlamentaria "se den todo tipo de explicaciones" porque "hoy tenemos todos los valencianos un presidente huido que no da ningún tipo de explicación".

"Hoy sabemos también que Puig y Oltra de 2007 que iban en las listas electorales manchadas de negro, son Puig y Oltra que están hoy en nuestra cámara y son el presidente y vicepresidenta de la Generalitat y esto hay que explicarlo", ha insistido y ha remarcado que el presidente de Les Corts y presidente del Bloc, Enric Morera, "también tiene que dar una respuesta".

"Los mismos que están sentados hoy en Les Corts ya formaban parte de las listas electorales de 2007 y la renovación de Compromís y PSPV fue ninguna porque sus diputados son exactamente los mismos que iban en aquellas listas que parece que estaban manchadas de negro", ha reiterado.

Ibáñez ha acusado a Bloc y PSPV de tener "el currículum falseado" porque "la ética, honradez y transparencia no la practicaron nunca". "Hoy los valencianos están absolutamente engañados por el Botànic", ha puntualizado el diputado 'popular', quien ha pedido a estas formaciones que asuman "responsabilidades políticas" porque eran ellos los que "daban lecciones todos los días de responsabilidad política".

"Podemos debe dar un paso"

Asimismo, Ibáñez ha instado a Podemos a dar "un paso más", tras "más de 15 días sin ningún tipo de explicación y con un silencio más que cómplice" en el que "lo único que ha aportado es darle un periodo de gracia de 20 días más a quien no ha sido capaz de dar una respuesta el primer día".

"Podemos no debe ser ni un minuto más cómplice para tapar una realidad que a todas luces se está viendo. Está jugando a darle un poco de tiempo a todo esto en lugar de tomar determinaciones y buscar responsables políticos. No entendemos como, ante la mancha más que evidente de sus socios de gobierno, prefiere seguir manchándose. Al final va a ser también cómplice necesario en esta historia", ha considerado.

De este modo y preguntado por si la formación morada debería romper el pacto de gobierno que mantiene con PSPV y Compromís, Ibáñez ha considerado que lo que debe hacer es "sumarse a las peticiones" del PP. "Podemos era muy dado a hablar de parlamento abierto, transparente y edificios de cristal, pero parece ser que nadie lo está practicando", ha zanjado.