«Todos los gerentes territoriales del partido eran conscientes de que había un límite de gasto en las campañas electorales. Desde Génova recibían la asignación con la indicación de que no podían gastar más. De eso no hay ninguna duda». Así de nítido en el mensaje, aunque no en el sonido, se manifestó ayer el sucesor de Luis Bárcenas en la gerencia del PP a través de una videoconferencia tortuosa para la que hubo que esperar dos largas horas sin que, pese a ello, se entendiera con claridad lo que decía el testigo. Desde Buenos Aires, Cristóbal Páez aseguró que no había tenido ningún contacto con el PP de la Comunidad Valenciana, cuya financiación presuntamente irregular se está juzgando en la vista oral que ayer se reanudó en la Audiencia Nacional.
A preguntas de la fiscal Myriam Segura, que fue quien solicitó su testimonio, Páez explicó que llegó al PP en 2004 como adjunto a la gerencia y que cuatro años después fue nombrado gerente cuando Luis Bárcenas pasó a ser tesorero. Según precisó, éste no le dijo nada de que se tuviera que contratar con las empresas de Francisco Correa, cabecilla de la trama corrupta Gürtel y acusado en este proceso junto a su número dos y su hombre en Valencia, Pablo Crespo y Álvaro Pérez respectivamente, a los exdirigentes regionales del PP Ricardo Costa y David Serra, al exvicepresidente del Consell Vicente Rambla y a las exgerentes del partido Cristina Ibáñez y Yolanda García.
«Me fie de mis compañeros»
Sobre la relación con el grupo de Correa, el exgerente agregó que se fio de sus compañeros «y de que todo estaba bien» y, cuestionado por la defensa de Cristina Ibáñez, admitió que no eran los gerentes regionales sino los provinciales, que no están acusados en este proceso, quienes trasladaban la contabilidad de la formación de las campañas electorales».
Antes de la declaración de Páez, ayer también comparecieron como testigos tres exempleadas de Orange Market. Una de ellas, Lucía Mingallón, admitió que parte de su sueldo lo cobraba en negro y, a preguntas de Margarita Crespo, hija de Pablo Crespo y su letrada junto a Miguel Durán, desveló que el objeto de las grabaciones a Correa por parte del exconcejal José Luis Peñas buscaban la extorsión más que la colaboración con la Justicia.
«Porque nadie me preguntó»
La testigo explicó que antes de trabajar en Orange Market lo hizo con Peñas y con Juan José Moreno (ambos ya juzgados en otra de las piezas de Gürtel) en un partido local de Majadahonda financiado por Correa y que en la cita con las urnas obtuvo 70 votos. La mujer aseguró que sabía que su entonces jefe estaba grabando a Correa (las conversaciones que después dieron origen al caso Gürtel) «porque me dijo que lo iba hacer», porque, además de la financiación del partido, eso iba a ser «su plan de pensiones», en clara alusión a la supuesta extorsión que con esas escuchas podía someter a Correa. Tras ser inquirida por la abogada de que por qué no había dicho antes eso, la testigo respondió con un contundente «porque nadie me lo han preguntado».
Otras de las exempleadas de la filial de la trama en Valencia, Laura Gil, quien fue primero recepcionista y después apoderada en Orange Market, también aseguró que «una vez» le pagaron en negro, que recibía las órdenes de Pablo Crespo y que cuando ella llegó a la empresa, de donde salió en 2006, ya había documentos de la contabilidad donde ponía A y B.
A otra de las extrabajadoras, Consolación Valero, no le constaban los pagos en B y un excandidato del PP a la Alcaldía de Sueca afirmó que ni pagaron ni les pidieron nada por el montaje de un acto electoral en el que intervino Francisco Camps. «Nos mandaron una empresa y lo organizaron todo. Ni idea de si era o no Orange Market», declaró.
