Cuatro juzgados de Gandia, Benidorm y Madrid investigan si el PSPV-PSOE y el Bloc (germen del actual Compromís) tuvieron su propia Gürtel durante la campaña electoral de 2007. Ambas formaciones políticas podrían haber financiado, supuestamente, diversos actos electorales a través de facturación falsa, con cargo a empresas de la construcción. Una operativa en la que habría colaborado la empresa de comunicación y marketing de Gandia, Crespo Gomar SL, ya extinguida, a imagen y semejanza de lo que la empresa Orange Market (la sucursal de la Gürtel en València) hizo con el PP de la Comunitat Valenciana.
Los hechos, adelantados ayer por «El Mundo», se han investigado en el Juzgado de Instrucción 21 de València desde diciembre de 2016. El origen de la investigación es la documentación sobre la supuesta financiación ilegal del PSPV-PSOE y Bloc presentada por el Partido Popular en una comisaría de València.
A partir de esta documentación, la Policía Nacional aportó un informe al Juzgado de Instrucción 21 de València -que también ha instruido el accidente del metro, el caso Blasco o el caso IVAM-, que ha investigado presuntos delitos de falsedad, prevaricación, malversación y delito electoral, supuestamente cometidos por los responsables de ambas formaciones políticas en 2007, en con-Gomar, entre otras.
Tras un año de pesquisas, en el que la jueza ha comprobado la veracidad de la documentación aportada por el PP, el Juzgado de Instrucción 21 de València, con el informe favorable de la Fiscalía Anticorrupción, decidió el pasado mes de enero declararse no competente para investigar los hechos, que se habrían cometido fuera del partido judicial de València, por lo que decidió inhibirse en favor de cuatro juzgados de Gandia, Benidorm y Madrid, según confirmaron ayer fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).
El delito electoral cometido supuestamente por ambas formaciones habría prescrito debido al tiempo transcurrido (prescribe a los cinco años) pero la investigación continúa respecto a los presuntos delitos de falsedad, prevaricación y malversación.
Entre la documentación aportada a la causa se encuentran cadenas de correos electrónicos comprometedores entre la empresa de comunicación Crespo Gomar SL y responsables tanto del PSPV-PSOE como del Bloc, en los que se pregunta: «¿Esta factura a qué empresa va?» y también se alude a la «entrega de sobres cerrados» en las sedes de ambos partidos, según ha podido saber este diario de fuentes conocedoras de los correos.
La empresa Crespo Gomar SL estuvo muy ligada al PSPV-PSOE de Gandia ya que uno de sus propietarios fue Alberto Gomar, hijo del exteniente de alcalde de esta localidad, Antoni Gomar, uno de los hombres de confianza de José Manuel Orengo, alcalde de Gandia (2003-2011) y actual asesor del presidente de la Generalitat, Ximo Puig. En Crespo Gomar también trabajó durante dos años el jefe de gabinete de Orengo y exgerente de Imelsa, Josep Ramón Tiller, actualmente director adjunto en la empresa pública Egevasa.
Crespo Gomar SL se encargó de la campaña electoral del PSPV-PSOE en las elecciones autonómicas de 2007, cuya candidatura encabezó Joan Ignasi Pla, y de la de la candidata socialista a la alcaldía de Alicante, Etelvina Andreu. También fue la responsable de actos electorales del Bloc (como la PEGARcampaña «Adéu PP»), liderado entonces por el actual presidente de las Corts, Enric Morera. Actos organizados en beneficio de ambos partidos pero que, supuestamente, habrían pagado empresas de la construcción como Egevasa, Metrovacesa, Blauverd, Lubasa o Fomento Urbano, según informó ayer «El Mundo».
La pieza que continuará investigándose en los juzgados de Madrid indaga las presuntas irregularidades cometidas en la adjudicación de cinco campañas de publicidad y comunicación a Crespo Gomar SL por parte de los ministerios de Sanidad y Vivienda y la empresa pública Acuamed. Un sexto contrato investigado por la justicia se investigará en Benidorm ya que afecta al ayuntamiento de la capital de la Marina Baixa.
