El Gobierno inicia el trámite de los presupuestos generales del Estado sin resolver uno de los grandes problemas para el mantenimiento de los principales servicios públicos: la financiación autonómica. Sin garantía de votos suficientes para aprobarlos en el Congreso por la crisis catalana e incumpliendo el compromiso de Mariano Rajoy de poner en marcha el nuevo modelo de reparto en 2017, el documento presupuestario, aún pendiente de un largo e incierto trámite parlamentario, sólo recoge una partida de 4.300 millones para restituir el volumen de entregas a cuenta previstas hace ahora casi un año a todas las comunidades autónomas. Aunque, en la práctica, eso únicamente supone más o menos paliar el hachazo que Cristóbal Montoro decreto en enero a las cuentas de las comunidades y que, en el caso de la Generalitat, suponía un tijeretazo cifrado en 353 millones.
Así las cosas, al menos de momento, y después de los excelentes datos de gestión económica del Consell con el control del déficit, la Comunidad Valenciana se tendrá que apañar con menos dinero del que le correspondería. Las entregas a cuenta, adelantos de fondos que concede el Estado a los gobiernos autonómicos, no cubren, en ningún caso, las necesidades de la Generalitat, la autonomía peor financiada junto a Murcia de toda España. Supone sólo un parche. Son cantidades económicas inferiores a las que reclama la Comunidad Valenciana en el supuesto de que el sistema de financiación autonómica -caducado hace ahora más de cuatro años- y, por tanto, menores a las que tendrían que ingresar las arcas de la Generalitat con un modelo de distribución justo y equitativo.
Precisamente, el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, calificó de «intolerable» que esté paralizada la negociación sobre el sistema de financiación. «No tiene ningún tipo de sentido -argumentó- que en estos momentos, cuando además el Gobierno había dicho que de alguna manera vinculaba la financiación a los presupuestos, que estemos llegando casi a la mitad del ejercicio y continúen sin cumplir la obligación que adoptó el presidente con los presidentes de los gobiernos autonómicos». A la espera del detalle de las cuentas que se conocerá el próximo día 3 cuando Montoro entregue el documento al Congreso, la única concesión que realizó el Ministro de Hacienda durante su intervención fue la posibilidad de «reestructurar» el pago de la deuda autonómica generada por el déficit de financiación -una opción que no desagrada al Consell- aunque rechazó de plano «perdonarla».
Inversiones
Sobre el reparto de las inversiones, el documento presupuestario, según apuntaron fuentes del Gobierno, elevará el volumen de proyectos previstos y tendrá una importante partida para culminar el Corredor Mediterráneo. Puig espera que los presupuestos «hagan justicia» a la Comunidad y reserven las partidas suficientes para financiar las inversiones que corresponden a sus habitantes. El Consell espera una mejoría notable en relación las cuentas de este año, que fueron las peores de la historia para la provincia y para el conjunto de la autonomía. «En los años en los que está gobernando Mariano Rajoy hay un déficit de más de 2.000 millones de euros solo para situar a la Comunidad Valenciana en la media de España» y, en este sentido, insistió en que «por tanto, de lo que se trataría es que estos presupuestos hicieran justicia».
