La gestión del Gobierno central durante el mandato de Mariano Rajoy como presidente del Gobierno arroja un déficit de inversiones en la provincia de Alicante que supera los 800 millones de euros. Desde 2012 -Rajoy llegó a la presidencia de España en 2011- el déficit acumulado en inversiones alcanza, concretamente, los 810 millones de euros. Es decir, que ese es el dinero en inversiones que los ciudadanos de la provincia han perdido en los últimos cinco años. Ante estas cifras, el Consell ya ha puesto todas las lupas en los Presupuestos estatales del ejercicio actual, 2018, unas cuentas que el Gobierno de España prevé presentar el próximo martes. En la provincia de Alicante -así como en toda la Comunidad Valenciana- llueve sobre mojado. En 2012 ya había un déficit de 113 millones, que alcanza los 156 millones de euros en 2017. Ese déficit que se acumula año tras año desde el 2012 arroja la cifra de 810 millones menos para la provincia en cinco años, unos cálculos que dejan temblando a las comarcas alicantinas en el mapa de inversión per cápita estatal.
Si los datos provinciales no se salvan de ser unos de los peores del país, los autonómicos no mejoran demasiado la situación. El déficit acumulado para toda la Comunidad Valenciana en inversiones alcanza los 2.333 millones de euros en cinco años, un guarismo sobre el que el Consell sostiene su discurso sobre el maltrato de Madrid a la Comunidad, además del amparado por la sistemática falta de financiación autonómica.
No obstante, los números autonómicos mejoran respecto a la provincia alicantina, que es un «chorro» constante de pérdidas en inversión. En la Comunidad Valenciana, el déficit inversor acumulado se llegó a reducir por tres años consecutivos -en 2014, 2015 y 2016, tras haber tocado fondo en 2013 con una pérdida acumulada de casi 500 millones de euros- para volver a aumentar en 2017 y situarse en 326 millones de euros. En el caso de la provincia de Alicante el año más sangrante también fue 2013, donde se alcanzó un déficit inversor de 187 millones de euros que llegó a reducirse hasta los 93 millones en 2016 para situarse de nuevo en un ritmo ascendente con 156 millones en 2017. Los datos reflejan, tanto para la provincia como para la Comunidad, una situación deficitaria en cuanto a inversiones prácticamente cronificada que el gobierno valenciano quiere revertir con medidas como más inversiones que la media estatal o adaptando las inversiones a la población.
Las inyecciones del Gobierno en la provincia de Alicante se redujeron en 2017 y quedaron en 99,7 euros por habitante, 86 puntos menos que la media estatal y 113 euros menos respecto a la inversión per cápita en el año 2012. El ejecutivo de Mariano Rajoy volvió a castigar a las comarcas alicantinas dejando la inversión per cápita por debajo de la media del país por quinto año consecutivo. Así las cosas, la inversión por habitante ha caído más de la mitad respecto a los datos de 2012, con el PP recién estrenado como partido en el gobierno de España.
En la Comunidad Valenciana la última inversión por habitante -la que se extraía de los presupuestos de 2017- dejaba un panorama desolador, pero todavía mejoraba respecto a la provincia: la inversión por habitante, de 119 euros, cayó en 82 puntos absolutos respecto a 2012 y dejaba a los valencianos con 66 euros menos de diferencia respecto a la media estatal.
Tomando como punto de referencia las inversiones territorializadas, la Comunidad fue el año pasado la segunda autonomía donde más bajó la inversión pública estatal. Este año, y teniendo en cuenta los datos de los últimos cinco ejercicios, el Consell ya ha puesto buena parte de su atención en las inversiones que llegarán para el AVE, una infraestructura que para la Conselleria de Hacienda es «prioritaria». El titular del área, el conseller Vicent Soler, indicó a preguntas de este diario que va a ser uno de los focos en los que el Consell se centre a la hora de estudiar qué inversiones reales llegan desde la cuentas del Estado.
A la espera
El Gobierno de España prevé presentar sus cuentas en plena Semana Santa y la fecha que se baraja para su aprobación definitiva si finalmente salieran adelante sería finales de junio. El calendario es bastante similar al del año pasado. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, las presentó a principios del mes de abril. Las cuentas estatales fueron duramente replicadas en las Cortes Valencianas, donde todos los grupos firmaron una declaración institucional por la necesidad de mejorar la equidad de las inversiones en la Comunidad respecto a otras autonomías.
La firma del PP junto al resto de partidos con representación en el parlamento valenciano le valió un disgusto a su presidenta autonómica, Isabel Bonig, con Génova. Por otro lado, las inversiones del año pasado terminaron dinamitando al grupo parlamentario de Cs en las Cortes Valencianas, donde cuatro diputados críticos con la dirección nacional se fueron a la bancada de no adscritos alegando su discrepancia absoluta con la decisión de Ciudadanos de avalar en Madrid los presupuestos generales de Rajoy.
Otro factor importante que afecta a las inversiones que llegan a la Comunidad Valenciana -y sobre el que se ha vuelto a abrir el debate para su reforma- es el del Estatuto de Autonomía. La propuesta de modificación fue aprobada en el año 2011 con el expresidente, Francisco Camps, al frente del Consell. El documento incluía un aspecto a reformar respecto al de 2006, que era la inclusión de una disposición adicional que vincula las inversiones en los Presupuestos Generales del Estado al peso de la población valenciana, una de las reclamaciones fundamentales de los partidos del Botánic.
El Congreso debatirá, finalmente, la reforma del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana para garantizar un volumen mínimo de inversiones del Estado. Después de 47 aplazamientos y siete años de parón, Ciudadanos, que mantenía su negativa junto al PP, decidió recientemente dar marcha atrás y facilitar que se pueda debatir el texto ya con la única oposición de los populares.
