La millonaria contrata de la limpieza en la Diputación de Alicante y de sus organismos autónomo está a punto de cambiar de titular después de ocho años en manos de Enrique Ortiz. La mesa de contratación de la institución, formada por técnicos y de la que se apartaron los políticos, ha decidido que la mejor oferta para hacerse con el servicio que se licitó por más de nueve millones de euros para los próximos dos años es la de la firma FCC. La resolución de los técnicos, que ahora tendrá que ser avalada por otra mesa técnica y por el pleno, deja al promotor sin una de las grandes contratas que prestaba en Alicante.

La adjudicación de la limpieza de los edificios públicos de la Diputación llevaba enquistada un año. El millonario contrato salió a licitación en abril del año pasado por 9,1 millones de euros para dos años y teniendo en cuenta las prórrogas alcanzaría los 15 millones de euros. Sin embargo, las discrepancias técnicas para su adjudicación han tenido bloqueada la nueva contrata hasta ahora, lo que ha supuesto un año más de prórroga del actual servicio para el empresario alicantino. Los propios técnicos de la institución que han estado mirando con lupa las mejoras de las empresas, ya que la propuesta de Ortiz era la más barata, pero en las mejoras FCC se ha llevado el gato el agua.

Los trabajos para la limpieza de la Diputación, del museo Marq, del Auditorio Provincial de Alicante y del Instituto Pedro Herrero salieron a licitación al vencer el contrato con la empresa del promotor Enrique Ortiz, que conservaba en la Diputación desde el año 2010 una de sus grandes contratas en la ciudad. El empresario se hizo con estos trabajos bajo la presidencia de José Joaquín Ripoll, junto al que está procesado por la pieza judicial de la operación Brugal que investiga presuntas irregularidades en la adjudicación por parte de la Diputación del Plan Zonal para el tratamiento de residuos de la Vega Baja.

Pese a ser la de Ortiz la oferta más ventajosa económicamente con 7,8 millones, las mejoras técnicas han llevado de cabeza a los componentes de la mesa de contratación, que no se ponían de acuerdo con el responsable técnico que valoraba la contrata y que sometía su criterio al citado órgano. El trasfondo de estas discrepancias ha sido relevante, hasta el punto de tener bloqueada la adjudicación a la UTE que figuraba en primer lugar por criterios económicos: la formada por Tizor Hormigones y Asfaltos y Enrique Ortiz e Hijos. Las firmas que ganaron terreno frente a Ortiz fueron FCC, OHL y la UTE formada por Clece y Fissa Finalidad Social, pero siempre con Ortiz y FCC como centro de las desavenencias. Finalmente, según ha sabido este diario, la oferta más valorada y que es la que hizo FCC es de 9,2 millones por dos años, es decir, que supera levemente el precio de licitación. La propuesta de la firma FCC considerada como oferta más ventajosa se ha basado en los criterios subjetivos.

La tensión por las discrepancias técnicas ha llevado al diputado de Hacienda y Contratación, Alejandro Morant, a implantar una comisión técnica formada por tres personas -y no sólo una como hasta ahora- para que valore las ofertas. Hasta aquí, un solo técnico valoraba las ofertas y luego la mesa de contratación ratificaba o no su propuesta. En breve, se implantará que sean tres técnicos los que hagan la valoración previa a la elevación al pleno que adjudicará la contrata