El magistrado de la Audiencia Nacional que instruye la causa de la presunta «caja b» del PP, José de la Mata, ha acordado aceptar la solicitud formulada por la acusación popular que ejerce Izquierda Unida (IU) en la causa también conocida como «los papeles de Bárcenas» y le ha pedido al Juzgado Central de lo Penal de la Audiencia Nacional las declaraciones prestadas en calidad de investigados por el cabecilla de la trama Gürtel Francisco Correa, el empresario Álvaro Pérez «El Bigotes», Pablo Crespo y el exsecretario general del PPCV Ricardo Costa para investigar la financiación ilegal de los populares valencianos a través de empresarios.
En sus interrogatorios ante el juez Vázquez Honrubia hablaron de la financiación de los populares de la C0munidad a través de empresas, cuyos titulares han confesado los pagos. Y contaron que el expresidente Francisco Camps conocía e incluso instauró la presunta caja B del PP valenciano. Fue Ricardo Costa quien señaló directamente al exdirigente popular asegurando que éste ordenó que se sufragase con dinero negro los actos electorales contratados a Orange Market, la filial de la Gürtel en la Comunidad.
Además de Costa, los también investigados Correa y su número dos Pablo Crespo reconocieron que el PP valenciano les ordenaba girar facturas falsas «si querían cobrar» los servicios prestados a determinados empresarios investigados en la causa.
Con todo, Camps negó estas acusaciones en su comparecencia como testigo el pasado 7 de marzo e insistió ante el juez que «jamás habría permitido este sistema de pago» atribuyendo al propio Ricardo Costa todas las responsabilidades económicas y financieras del partido.
Batería de diligencias
Entre la batería de diligencias que adopta en su auto, De la Mata ordena además la testifical de Ignacio López Galiacho, exdirector general de Calidad y Evaluación Ambiental de la Comunidad de Madrid; Luis Vicente Moro, ex delegado del Gobierno en Ceuta; Guillermo Ortega, exalcalde de Majadahonda, Pedro Catalina y el periodista Javier Horcajo. También incorpora a la causa las declaraciones prestadas por Guillermo Ortega y Correa, respectivamente, en el primer juicio de la trama Gürtel.
En su turno último de palabra el 17 de noviembre del año pasado, el cabecilla de la red corrupta se ofreció a colaborar con la Fiscalía con el fin de «aclarar todas las causas pendiente» relativas a la trama. El magistrado instructor libra exhorto además al juez Manuel García Castellón, que investiga el caso 'Lezo', para que le remita el testimonio prestado por el exgerente del Canal de Isabel II Ildefonso de Miguel tras su detención en el marco de esta causa y pide que se deduzca testimonio en relación con el empresario Alfonso García Pozuelo por la presunta generación de dinero negro en gasolineras de su propiedad. Esta última diligencias la adopta a tenor de la declaración judicial de Luis Vicente Moro, también investigado en la trama de la «operación Lezo».
