La dirección del PP se ha visto obligado a tomar decisiones respecto a su diputado y exalcalde de Santa Pola, Miguel Zaragoza, detenido y puesto en libertad por presunta prevaricación, cohecho y malversación de caudales públicos en relación con la gestión de una clínica privada. Aunque el diputado no está citado como imputado, de momento, en la causa judicial que sigue un juzgado de instrucción de Elche, los populares, que dijeron que cuando se le llamara como investigado tomarían medidas para aplicar sus propias «líneas rojas», ya han establecido una estrategia sobre su situación. El objetivo principal: no perder la mayoría en la Diputación de la que gozan junto al tránsfuga Fernando Sepulcre. ¿Cómo? Evitando a toda costa que entre su suplente, Carlos Ramírez, alcalde de San Fulgencio y ya no sigue en el PP tras condenarlo un juez a ocho años de inhabilitación, sentencia que ha recurrido.

La investigación judicial por la gestión de una clínica privada en Gran Alacant ha mantenido en un brete al PP, que no quiso anticipar medidas contra Zaragoza sin que esté formalmente imputado. Su detención hace dos semanas por la Policía forzó unas declaraciones del presidente provincial del partido, José Císcar, en las que aseveró que no era aún momento de tomar decisiones. Pero la causa continúa y la posible citación de Zaragoza como investigado ha obligado a los populares a marcarse una línea de acción que pasa, en un principio, por renunciar a modo de excepción a aplicar sus propias líneas rojas. Fuentes de la dirección provincial confirmaron ayer que el partido impedirá la salida de Zaragoza de la Diputación «a toda costa» para evitar que el mencionado Rámirez, ya fuera del partido, se cuele en la institución como suplente de acuerdo con la lista que, en su día, aprobó el PP. Las citadas fuentes aseguran que es peor el remedio que la enfermedad y que el todavía primer edil de San Fulgencio no puede acceder a ese cargo.

No es una cuestión baladí. El aterrizaje de Ramírez en el hemiciclo provincial como no adscrito dejaría al PP en minoría en el principal bastión que conservan los populares en la Comunidad tras los comicios locales y autonómicos de 2015. La mayoría en la institución que gobierna César Sánchez se logra gracias al voto de Sepulcre, báculo de los populares en el Palacio Provincial. La dirección del PP ha frenado así la propuesta que el propio Zaragoza hizo a la dirección provincial y a César Sánchez de abandonar la Diputación si la organización consideraba que su detención era un escollo. Tras su declaración el martes 27 de febrero por la tarde en la Comisaría Provincial, donde se presentó por su propio pie, el diputado se ofreció voluntariamente a Císcar para salir del Palacio Provincial, algo que también le trasladó a Sánchez. La respuesta que encontró fue que no era momento de tomar medidas y un espaldarazo de confianza de ambos mandatarios. Incluso César Sánchez se acercó a su escaño en el pleno de la semana pasada para abrazarle y mostrarle su apoyo.

Ahora bien. El PP de Alicante tiene líneas rojas internas en los casos de cargos públicos investigados. Salieron de la convención de Benidorm que los populares organizaron a finales de 2014 para alinearse con las que entonces marcó el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, en su discurso para lavar la imagen del PP de cara a las autonómicas de 2015. Los responsables públicos imputados por un presunto delito de corrupción durante el mandato se tenían que apartar de sus cargos. Y esas directrices se mantienen en el partido pero hará una excepción en el caso de Zaragoza. No se irá, por ahora. La única manera de que salga de la Diputación es que su recurso judicial contra su condena prospere en la Audiencia Provincial y se haga efectiva su inhabilitación. No obstante, fuentes del partido aseguraron ayer que pedirán públicamente al alcalde de San Fulgencio que renuncie a ocupar el acta de diputado -a la que tiene derecho por ser personal e intransferible- para permitir, en caso de renuncia de Zaragoza, la entrada del siguiente en la lista de suplentes: el portavoz municipal del PP en Catral, Joaquín Lucas.