La Generalitat Valenciana se ha comprometido con los sindicatos CCOO PV y UGT-PV a que la nueva Ley de Fomento de la Responsabilidad Social incluya la obligación de subrogar las plantillas de las empresas contratadas por la administración si hay cambio de titularidad, además de garantizar plantillas mínimas y salvaguardar las condiciones económicas y las horas trabajadas. La Ley de Responsabilidad Social lleva desde 2016 en proceso y recoge el marco europeo al respecto. El anteproyecto se aprobó en verano del año pasado y ahora pasa por la fase de participación ciudadana en la comisión de Transparencia de las Cortes. Los sindicatos presentaron ayer sus enmiendas en coincidencia con la entrada en vigor ayer de la nueva Ley estatal de Contratos del Sector Público, una norma que contempla la subrogación.
El Gobierno valenciano respalda las propuestas de los sindicatos al considerar, en palabras de la vicepresidenta Mónica Oltra, que la ley supone «un paso muy importante» para situar a la Comunidad «a la vanguardia de España en la protección de los trabajadores y en la contratación pública». Puig coincidió en que se trata de un avance en el proyecto de «prosperidad social» de la Generalitat, en favor de la «dignidad colectiva» de los trabajadores. Afirmó que se podrá decir con toda seguridad que «no va a haber más devaluaciones salariales», pues «ya no va a ser el arma competitiva de las empresas». Supone primar a aquellas empresas que traten mejor a sus plantillas. A la medida legislativa no se han sumado los empresarios con la negativa de la patronal autonómica.
