La Generalitat ya cumpliría sobradamente con el déficit que impone el Ministerio de Hacienda si la Comunitat Valenciana contara con una financiación justa que le situara en la media de las comunidades autonómicas, una reivindicación del Consell y de los partidos políticos que el Gobierno desoye.

Esta es una de las conclusiones que se desprenden de la liquidación del presupuesto de 2017 que ayer llegó a la mesa del Consell.

Pero el documento también recoge que las obligaciones pendientes de pago aumentaron en el último ejercicio, al pasar de 2.450 millones al cierre de 2016 a 2.675 en el último año completo. Con todo, la situación es mucho mejor que en 2013 cuando la Generalitat tocó fondo con obligaciones pendientes por valor de 4.959 millones.

Fuentes del Consell destacan que el documento certifica el proceso de saneamiento de las cuentas autonómicas, con una reducción del déficit presupuestario no financiero del 25%, al pasar de los 1.870 millones de 2016 a 1.398, la cifra más baja desde 2008. En el peor año, el de 2012, llegó a los -4.384 millones. Una mejoría en el resultado presupuestario que avanza pese a que las cuentas se ven lastradas por la incorporación de los 274 millones de la operación para salvar a la Sociedad de Garantía Recíproca (SGR).

La liquidación, según fuentes del Consell, no permite calcular el déficit a efectos de la ley de Estabilidad, pero los indicadores conocidos sí certifican que la Comunitat Valenciana habría cumplido sobradamente los límites autorizados de déficit con una financiación justa y en igualdad con el conjunto de las autonomías.

Además del rescate de la SGR, el Consell ha tenido que realizar aportaciones patrimoniales a empresas del sector público por importe de 40 millones y otros 49 millones en capitalizaciones y ampliaciones de capital básicamente para restablecer desequilibrios con origen en el pasado, con muchas empresas públicas en una situación de inviabilidad.

Mientras, el pleno del Consell solicitó ayer la adhesión al Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) de 2018, mientras persiste la reivindicación al Gobierno para que cumpla la promesa de reformar la financiación. La portavoz, Mónica Oltra, señala que se recurre por obligación y critica que el Gobierno español cambie a los valencianos derechos por préstamos.