El presidente de la Diputación, César Sánchez, intentará pactar ahora el plan de obras financieramente sostenibles de 2018 después de haber tenido el agua el cuello en relación a los dos últimos repartos de peso en la institución. Tras zanjar la polémica de las ayudas «a dedo» concedidas a tres miembros del equipo de gobierno en la Diputación y después de calmar las aguas en relación al plan de cooperación local de la institución provincial para este año, César Sánchez busca ahora el acuerdo de todos los grupos para otro programa de reparto de fondos a los pueblos que podría alcanzar, incluso, los 20 millones de euros.

La Diputación tendrá que someter a aprobación en los próximos meses el plan de Obras Financieramente Sostenibles, considerado el programa de inversión más importante de la institución al margen de los presupuestos anuales. Este listado de proyectos sostenibles prevé invertir en torno a 20 millones de euros en proyectos que no requieran de más inversión para su mantenimiento, requisito básico para que los proyectos sean considerados sostenibles. Este plan inversor se financia con el remanente de tesorería del año pasado y en el mandato de César Sánchez siempre ha salido por unanimidad superadas algunas reticencias previas.

Sin embargo, la polémica ha sacudido los repartos millonarios de este año. Primero fueron las ayudas «a dedo» a los pueblos de Busot, Mutxamel y La Nucía, donde son alcaldes dos vicepresidentes de la institución y un diputado del equipo de gobierno. Finalmente los tres municipios renunciaron a recibir su parte para ceñirse a un nuevo acuerdo del pleno que cambió de manera muy somera los criterios para las subvenciones nominativas. El otro reparto peliagudo ha sido el recientemente aprobado Plan de Obras y Cooperación, con un total de 19 millones de euros. Tras mostrarse los grupos cautos ante su aprobación, dieron finalmente su respaldo al plan casi por unanimidad al conseguir Sánchez un acuerdo in extremis. Solo votó en contra la diputada de EU, Raquel Pérez.

Sin cantidad todavía

La cantidad final de dinero que se repartirá en el próximo plan de obras sostenibles está pendiente de la Ley de Presupuestos. Fuentes del equipo de gobierno en la institución alicantina explicaron ayer que la Diputación calcula un remanente de tesorería de unos 20 millones de euros, pero que aún no sabe cuánto se podrá gastar por los límites del techo de gasto que marca el gobierno y la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de Administración Local. Está previsto que 13,7 millones de ese remanente se vayan al Fondo de Cooperación impulsado por el Consell para los pueblos de la provincia, al que el PP anunció que se sumaría al margen de los presupuestos y que financiaría con el sobrante de las cuentas de 2017.

Normalmente, las inversiones sostenibles se han llevado para su aprobación al pleno de abril o mayo. Es por ello que el presidente César Sánchez empezará en breve a mover ficha -ya hay algunos pueblos decididos que vienen de la última negociación con los grupos socialista y de Compromís- y a buscar un pacto con la oposición que evite un nuevo desgaste de su gestión en la Diputación. De momento, en el pleno del lunes -el primero ordinario del mes de marzo- las sostenibles se tocarán, a modo de avance, a través de una moción de Compromís. La coalición lleva una propuesta para que la corporación acuerde toda esa inversión sostenible con «criterios objetivos con un mínimo de 22 millones de euros».