Los alcaldes de la provincia de Alicante reclaman al Ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, que les autorice a reinvertir un total de 210 millones -35.000 millones de las antiguas pesetas- correspondiente al superávit en sus cuentas del año 2017, una operación que hasta ahora tienen bloqueada. La Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP) -encabezada por el alcalde de Elda, Rubén Alfaro- ha recabado el apoyo del presidente de la Generalitat, Ximo Puig, para exigir a Montoro que abra la mano con una medida que, en el caso del territorio alicantino, podría generar hasta cinco mil nuevos empleos. La reivindicación en el conjunto de la Comunidad llegaría a 600 millones y unos 15.000 puestos de trabajo.
No estamos ante una cuestión de segundo orden. Las arcas locales arrastran notables dificultades en su gestión producto de un sistema de financiación municipal insuficiente y que nadie se ha atrevido a resolver. Las estrictas condiciones de control contable marcadas por Montoro han generado un volumen alto de números positivos en las cuentas municipales. En el caso de Alicante, por ejemplo, esos 210 millones equivalen al presupuesto de la Diputación de Alicante de un año. Y en el de toda la Comunidad, los 600 millones superarían el montante anual de gasto asignado a todas las consellerias con excepción de Sanidad, Educación y Bienestar Social. Esa inyección económica supondría un balón de oxígeno financiero para los municipios que, de esta manera, podrían mejorar sus porcentajes de inversión, muy bajos desde que arrancó la crisis.
Durante la reunión que Alfaro mantuvo con Ximo Puig en el Palau de la Generalitat para entregarle la memoria de la FVMP de los dos últimos años, el jefe del Consell destacó la «alianza profunda» entre la administración local y autonómica. Y agradeció a los alcaldes su implicación en la reivindicación de la reforma de la financiación autonómica a la vez que aseguró que el Ejecutivo valenciano también apoya las exigencias del municipalismo frente a Madrid respecto a medidas «absolutamente discriminatorias» y «restricciones absurdas» como la imposibilidad de reinvertir ese superávit que se ha generado por las propias arcas locales. El Gobierno, de cumplir Montoro, podría desbloquear esta situación antes de final de mes.
Tanto Puig como Alfaro han han puesto en valor la cooperación entre la Generalitat y los municipios con proyectos conjuntos como Xarxa Llibres, Edificant para la construcción de centros escolares o el Fondo de Cooperación Municipal, entre otros programas. El alcalde de Elda abogó por seguir en esta línea «por el bien de los valencianos». «La suma de las instituciones favorece que los ciudadanos tengan una mayor confianza en ellas», dijo Puig que se comprometió con el presidente de los alcaldes de la Comunidad a colaborar de manera «intensa en la reivindicación de los ayuntamientos frente al Gobierno central respecto a medidas que imposibilitan la acción municipal». Rubén Alfaro, por su parte, reclamó a Hacienda flexibilizar el cálculo de la regla del techo de gasto, garantizar la tasa de reposición de los trabajadores públicos, poder reinvertir ese superávit no sólo en inversiones sostenibles y una voz en la reforma de la financiación. «Queremos que se debata tanto la financiación autonómica como local, se está hablando mucho de financiación autonómica, pero queremos que parta ese debate al unísono», zanjó.
