Desde que arrancó el mandato, la hoja de ruta del Consell surgido del Pacte del Botànic se ha centrado, en gran medida, en focalizar su agenda en la atención a las personas, la defensa de los servicios públicos, intentar regenerar las instituciones valencianas golpeadas por los casos de corrupción de la etapa del PP y visibilizar el «problema valenciano» reclamando un trato justo en financiación e inversiones pero siempre, a diferencia de la deriva en Cataluña, con un encaje de la Comunidad en España. Esa estrategia compaginaba, de alguna manera, las dos almas que conviven en este gobierno: la izquierda y el valencianismo. Pero con el debate de la reforma de la Constitución, el Consell de Ximo Puig y Mónica Oltra ha encontrado otra vía. Desplegar aquella vieja estrategia de proponer soluciones a las dificultades de los valencianos pero con un argumentario de alternativas para toda España.
El documento presentado esta misma semana por el presidente de la Generalitat con el conseller alicantino Manuel Alcaraz como coordinador parte de dos certezas: el cambio social de los últimos cuarenta años no tiene reflejo ya en una Constitución en la que, además, hay demasiadas cuestiones que se han quedado al margen de un articulado, recoge el texto, «agotado». Dos premisas que ahorman un temario que, al margen de propuestas que han tenido repercusión durante estos días como abrir la vía sobre el papel de las provincias y las diputaciones para que cada autonomía lo decida, se divide en cuatro grandes bloques: reconocimiento de valores y derechos, regeneración democrática e institucional, la transformación de la vieja España autonómica en un estado federal con respeto a la plurinacionalidad y la voluntad de que la mejora del autogobierno debe estar acompañada de la suficiencia del modelo de financiación, algo que en estos momentos no se está cumpliendo.
Compromiso con los valores y el rescate de personas
La primera parte del relato se centra en recomendar la inclusión en la Constitución de una serie de valores, ausentes hace cuatro décadas pero muy vigentes en la sociedad actual como la lucha contra el cambio climático y la violencia de género; la promoción del buen gobierno y la transparencia en la gestión; la paridad; la sostenibilidad; o la hospitalidad. Junto a esos valores, la propuesta del Consell apuesta por blindar una serie de derechos de las personas, algunos ya enunciados en la Constitución, pero que deberian completarse. El texto saca a debate cuestiones como la rebaja de la edad para el ejercicio de los derechos políticos a los 16 años, la igualdad entre las personas extranjeras y los ciudadanos españoles o la ampliación de las garantías de asilo que aseguren el respeto a las derechos humanos. También plantea garantizar el acceso a una vivienda digna, adecuada y asequible; la educación infantil; la salud y la sanidad universal; los servicios de atención en Dependencia; la protección de la infancia o la renta básica; la diversidad de orientaciones sexuales y la libre identidad de género; el derecho a una muerte digna; o el acceso a la información pública, entre otras cuestiones.
Mejora de las instituciones representativas
El Consell propone una reforma que incidan en la mejora de las instituciones representativas, en nuevas expresiones de la democracia participativa y la separación de poderes con propuestas para aplicar una mayor proporcionalidad del sistema electoral; establecer compromisos de integridad para los cargos públicos; facilitar la celebración de referéndums consultivos y la realización de iniciativas legislativas populares; o reforzar la imparcialidad del Ministerio Fiscal, entre otras iniciativas.
Hacia un nuevo modelo del territorio: el Estado federal
El informe dibuja un nuevo modelo de Estado en el que, partiendo de la lealtad federal, se reconozca el papel de los municipios con competencias concretas y los hechos diferenciales de cada comunidad con mayores cotas de autogobierno en la reforma de los Estatutos, gestión de competencias, política social, derecho civil, organización territorial interna con el debate sobre provincias y diputaciones, participación en Europa, procedimientos de reforma de la Constitución y la garantía de los derechos de las personas hablantes de las diferentes lenguas. El documento pone sobre la mesa la reforma del Senado como cámara federal formada por representantes de los consejos de cada gobierno autonómico.
Un sistema de financiación justo y con deuda histórica
La propuesta de reforma del Consell establece, a su vez, que las bases esenciales del sistema de financiación deberían quedar establecidas en la Constitución. Los principios que regirían este sistema serían la suficiencia financiera, la igualdad, la lealtad institucional y la corresponsabilidad fiscal, la multilateralidad y la participación de las comunidades autónomas en todo el proceso de toma de decisiones. Debería tener en cuenta factores demográficos, las competencias sociales, la autonomía financiera y la corresponsabilidad, la posibilidad de crear agencias tributarias autonómicas coordinadas con la federal, la revisión obligatoria del sistema cada cinco años así como contemplar en la Constitución una disposición transitoria para la compensación de la «deuda histórica».
