El presidente de la Diputación de Alicante, César Sánchez, aprobará hoy el Plan de Obras de la institución con amplia mayoría después del acuerdo alcanzado con PSOE y Compromís para evitar que el plan inversor más importante de la institución cuente solamente con el voto a favor del diputado no adscrito. La diputada de EUPV, Raquel Pérez, es la única que ha optado por rechazar el ofrecimiento del equipo de Gobierno del PP para negociar las subvenciones del Plan Provincial de Cooperación a las Obras y Servicios de Competencia Municipal, como sí han hecho los grupos de PSPV y Compromís.
Pérez argumentó ayer que son líneas de subvenciones de libre concurrencia donde los técnicos deberían «fundamentar la distribución y no los políticos», señaló ante el acuerdo alcanzado entre el PP y la oposición tras la polémica creada en torno a la distribución de las subvenciones.
El pleno extraordinario para aprobar el Plande Obras y Servicios de Competencia Municipal cuenta con «irregularidades», según Pérez. Indicó que el presidente provincial, César Sánchez, le llamó el miércoles para intentar negociar las subvenciones y llegar a un consenso entre todos los grupos políticos de la oposición. «Al ser imposible reunirme con Sánchez ayer por motivos de mi agenda al tener pleno en El Campello me aseguró que un asesor me haría llegar el acuerdo que habían pactado y negociado con Compromís y PSPV, pero a menos de 12 horas del pleno donde se aprobará el Plan que distribuye 19 millones de euros, aún no me han remitido documentación alguna», destacó ayer.
Vulneración
La diputada ratificó así su negativa de aprobar un Plan de Obras y Servicios que considera que «se ha modificado 'ad hoc', antes por el equipo de Gobierno beneficiando a los municipios donde gobierna el PP y ahora ajustándolo a las quejas de la oposición». A su juicio, si estos criterios se modifican durante o después el proceso de distribución se está vulnerando la Ley General de Subvenciones», por lo que anunció que su grupo estudia acciones legales contra estas irregularidades. «Que la distribución de subvenciones se consensúe entre Compromís, PSPV y PP no la convierte en legal», indicó.
